SANTO DOMINGO, RD.– El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, exhortó al presidente Danilo Medina “botar” a los funcionarios que no han cumplido con la Ley 82 sobre Declaración Jurada de Bienes, porque el incumplimiento constituye un desafío a su autoridad.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, afirmó que hay que poner a funcionar el sistema de consecuencias porque la impresiona que funcionarios que ni siquiera son de alta jerarquía desafíen al mandatario.
“Ahora, el presidente Medina lo que tiene es que botar, separar de la Administración a quienes han comenzado no siendo digno de ella, porque tú tienes que poner a funcionar los sistemas de consecuencias”, precisó.
Castaños Guzmán no comprende por qué le es tan difícil a una persona hacer su declaración patrimonial, que se supone si llega a la Administración es una persona que desde la sociedad venía cumpliendo con su deberes.
“Más que un deber, es una obligación, porque es un mandato que impone la Ley de Declaración Jurada, esa es la realidad”, apuntó.
El jurista manifestó que uno de los deberes que tienen los ciudadanos es pagar sus impuestos. “Parecería, no digo que es así, que quienes se resisten a hacer la declaración probablemente sea porque nunca declararon impuestos”, apuntó.
Considera que una de las cosas que debe observar el Gobierno es ver si sus funcionarios venían pagando sus impuestos, por lo que valdría la pena que la Dirección General de Impuestos Internos solicite las declaraciones juradas que se están depositando en la Tesorería Nacional y vea si real y efectivamente estas personas han cumplido con sus responsabilidades frente al fisco.
Opina que si el presidente Medina quiere mandar un mensaje, que los separe de la Administración, porque esa sería una excelentísima razón para comenzar a sacar gente.
Indicó que en cualquier país del mundo, incluyendo Haití, el funcionario que haga su declaración es susceptible, incluso, de ser traducido a la acción de la Justicia.
El Código del Menor
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus consideró que el Estado fracasó con la implementación del Código del Menor, porque esa normativa establece un sistema, como la prevención, que nunca se ha cumplido.
“El Estado se dedicó única y exclusivamente a implementar todo lo que tiene que ver con la parte coercitiva, con lo que es la persecución, con lo que es la sanción y así no se puede”, declaró.
Advirtió que si la razón para reformar la normativa era que aumentando la pena se va a resolver el problema de la criminalidad de los menores, la situación no es así, porque se trata de un asunto de salud pública, educación, espacio y capacitación.
Entiende que si la reforma de la legislación no se acompaña con otra cosa no servirá para nada. Dijo que actualmente hay una población de 540 menores recluidos por delitos, por lo que presagia que de aquí al 2014 habrá 2,000 presidiarios.
Recordó que en la República Dominicana el 60% de los embarazos son de adolescentes, de menores sin padres, donde está el problema.
Afirmó que el aumento de las penas a los menores que delinquen no resolverá el problema porque se debe tener una visión integral con el asunto de las condenas.
“O sea, los criminales no se regeneran porque se pasen 20 años en una cárcel, los criminales o los imputados o quienes resulten condenados se regeneran partiendo de las políticas públicas que los Estados diseñen para que situaciones como esas no se repitan”, explicó.
Castaños Guzmán sostuvo que las penas no son ejemplos para la sociedad y citó que hay países, como los Estados Unidos, donde los Estados más violentos son donde existe la pena de muerte o la cadena perpetua como condena.
Manifestó que se ha demostrado que eso no resuelve el problema porque éste hay que atacarlo por los elementos que lo causan.
Considera que una de las razones que llevaron a aprobar esa legislación es la situación que se está dando con los menores en la República Dominicana.
Comentó que parecería una corriente mundial, en donde todos los países comienzan a aumentar las penas “creyendo ellos que con el aumento de las penas van a resolver los problemas”.
