SANTO DOMINGO, RD.- El procurador adjunto, Hotoniel Bonilla, reveló que sectores de la sociedad civil han sugerido al Procurador que desmantele la dependencia que dirige. El titular de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) dijo que tiene conocimiento de que al procurador general de la República le han sugerido que la DPCA sea desintegrada, al igual que la propuesta realizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) para que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sea una dependencia de la Procuraduría.
Sostiene que la disgregación sería realizada por el Consejo Superior del Ministerio Público, creando una dependencia de menor jerarquía cuyo titular no sea designado por el presidente de la República, sino por el procurador general de la República, cuyo cargo, en la actualidad ostenta Francisco Domínguez Brito.
DNCD debe depender del Ejecutivo
El funcionario consideró también que constitucionalmente corresponde al Poder Ejecutivo decidir todo lo concerniente a la DNCD.
“Con su propuesta la Finjus, al igual que otras entidades de la sociedad civil, busca ir reduciendo los niveles de control que debe mantener el presidente de la República sobre los funcionarios de libre nombramiento”, afirmó.
Bonilla fundamenta su criterio en lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución de la República que en su numeral 1, letra c, otorga amplias facultades al presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, para disponer todo lo concerniente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a las que puede dar órdenes e instrucciones directas.
Recordó a los sectores que procuran transferir la DNCD al Ministerio Público, que es un cuerpo élite compuesto por integrantes de las distintas ramas de los estamentos militares y policiales, cuyas funciones no se limitan a la investigación con fines judiciales. Por tanto, el Ministerio Público no tendría la facultad de dirigirla en forma integral.
En ese sentido, Hotoniel Bonilla sostiene que lo conveniente y procedente es adecuar la legislación que rige a la DNCD para que sus funciones sean adecuadas al ordenamiento jurídico vigente, tomando en cuenta que las labores de investigación y preparación de los procesos de naturaleza judicial deberán estar bajo la dirección del Ministerio Público, que es el único órgano facultado para dicha labor, según el artículo 169 de la Constitución y las disposiciones del Código Procesal Penal.
Desde su toma de posesión, por segunda ocasión, el pasado 17 de agosto, el magistrado Francisco Domínguez Brito ha desarrollado una “política anticorrupción” enrostrándole al magistrado Hotoniel Bonilla, lo que considera soluciones “no convenientes“ a casos que estaban bajo su investigación. Esto se refleja en la solicitud que hizo a la Suprema de reabrir los procesos al senador Félix Bautista archivados de manera definitiva por Bonilla.
