ACUSADO TRATASANTO DOMINGO, RD.- El conocimiento de la medida de coerción contra 15 implicados en una alegada red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes, aprovechando su condición de inspectores y supervisores de la Dirección General de Migración, fue aplazado hasta tanto la Corte de Apelación conozca una solicitud de recusación que hizo hoy la defensa contra la jueza del Tribunal de Atención Permanente, Evelyn Rodríguez.

La audiencia, que inició a las 11:35 de la mañana de hoy, se realizó a puerta cerrada y, según el abogado Jesús Catalino Martínez, recusaron a la magistrada por “no actuar como una tercera imparcial”, lo que rechazó Rodríguez.

Los imputados son Javier E. Liriano Féliz, señalado como uno de los cabecillas, su madre Benedicta Féliz Medina, Roy Miguel Liriano Féliz, Rafael Federico Pérez Pérez, Juan José Ortega Heredia y Miguel Euclides Laureano Reyes.

Además, Isael de Jesús Ayala de la Cruz o Ambrocio de Jesús Ayala Ángeles, Monika Gissel Pérez Rodríguez, Pedro Bienvenido Ventura Rodríguez, Kelin A, Mora García, Ivelisse de Morla Zorrilla, Ramón Antonio Valdez Díaz, Michael Villar Reyes y Richard de Jesús Pérez.

Al grupo se le imputa violar la Ley 1347-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley de Cédula y varios artículos del Código Penal Dominicano, al dedicarse al tráfico ilícito de migrantes desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos, Europa y otros países, cuyas operaciones realizaban a través de los diferentes aeropuertos del país.

De acuerdo al Ministerio Público, los procesados alegadamente burlaban los controles migratorios de las autoridades para facilitar las salidas de personas del país, por cuyos servicios cobraban entre RD$350 mil y RD$500 mil, y sus servicios consistían en facilitar documentos e identificaciones falsas, sellos, visas y pasaportes.

Las investigaciones del caso iniciaron el pasado 15 de abril, tras recibirse informaciones confidenciales que daban cuenta de que Javier Liriano Féliz se dedicaba a facilitar documentaciones para realizar viajes clandestinos.

Anteayer, el Ministerio Público recusó al juez del Tribunal de Atención Permanente, Honorio Suzaña, quien también conocía la solicitud de medida de coerción contra el grupo, luego de que este dispusiera la libertad de una de las implicadas en el caso.

La recusación fue hecha por la Fiscalía, luego de que el magistrado ordenara la libertad de Flor Ángel Encarnación y en momentos en que se disponía a conocer medidas de coerción contra otros 14 imputados en el caso.