El proyecto de regulación de los salarios públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) fue desguañangado por la comisión senatorial que lo estudió por lo que podría concluir en una ley de incremento de los altos sueldos estatales, acentuando las inequidades que se pretendía corregir.
Una fuente bien informada puso en duda que Danilo Medina acepte iniciar su gestión elevando los salarios de los altos funcionarios por encima del promedio latinoamericano, justo cuando necesitará dar demostraciones efectivas de austeridad para justificar un incremento de las contribuciones fiscales.
Auténtico desguañangue
La comisión del Senado que estudió el proyecto de Ley de Regulación Salarial para el Sector Público terminó convirtiéndolo en un desproporcionado incremento de los sueldos de los altos funcionarios, cuando se reclama austeridad y reducción del gasto corriente para contener el cada vez más alto y preocupante déficit fiscal.
El incremento de sueldos sería general y de altas proporciones a corto plazo ya que en su artículo 31 el nuevo proyecto “prohíbe las situaciones de inequidad” y otorga un plazo de tres meses para realizar “un levantamiento de personal y sus retribuciones reales…a los fines de establecer mecanismos que garanticen la equidad salarial institucional y por tanto en el Estado”.
La comisión presidida por el senador José María Sosa Vásquez echó por la borda el trabajo de varios años del MAP, que incluyó consultorías internacionales, seminarios y consultas, y reformuló ampliamente el proyecto, estableciendo tarifas para altos funcionarios y dejando a las entidades autónomas y descentralizadas en libertad para darse su propia escala salarial.
El proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados exceptuaba de la regulación sólo a las entidades financieras y empresas del Estado, pero la comisión senatorial complació a decenas de otras instituciones que también reclamaron su exclusión. En teoría el artículo 4 incluye en la regulación a todas las instituciones estatales, pero en la práctica el 12 la limita a las dependientes del Poder Ejecutivo, porque el 12 deja al Legislativo, Judicial y a las entidades autónomas y descentralizadas en facultad de fijar su propia escala salarial mediante resolución de su “autoridad competente, según el régimen propio establecido en la Constitución, ley o reglamento que lo rige”.
El nuevo proyecto elimina por completo el capítulo IX del original que señalaba dos principios de incompatibilidades y conflictos de intereses y ocho prohibiciones de carácter ético, entre ellas que los funcionarios no podrían recibir ninguna otra remuneración pública distinta a la propia de su cargo, la que les prohibía el nepotismo y participar en empresas que tengan negocios o convenios con el Estado.
De un extremo al otro
Sin indicar fundamentos valorativos de puestos, dedicación o responsabilidad, la comisión fija salarios iguales de hasta 500 mil pesos para el Presidente de la República y los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte, de 400 mil para el vicepresidente y el presidente del Tribunal Constitucional. La debilidad es obvia cuando asigna 375 mil pesos para el presidente del Tribunal Superior Electoral, más que los 350 mil que ganaría el presidente de la Junta Central Electoral, aunque el primero tendría trabajo eventual y no manejaría más que unas decenas de empleados en un solo local, mientras el segundo es responsable de la organización electoral y todo lo concerniente al registro civil y cedulación, con varios miles de empleados y más de doscientos locales en todo el país. También se fija los sueldos de los ministros y del Procurador General que ganarían 350 mil pesos.
El objetivo inicial era que el salario tope del sector público fuera el del Presidente de la nación, ahora se extendió a otros tres funcionarios y se fijó en 100 mil pesos más que los 400 mil que se barajó la semana pasada. Así pasaría de ser el cuarto de menor paga al quinto mayor entre 20 países latinoamericanos, de acuerdo a una tabla del consultor del MAP Enrique París, quien en base al producto interno bruto per cápita ajustado por paridad de poder de compra, estimó que el sueldo presidencial dominicano debería ser 9 mil 655 dólares (377 mil 510 pesos), en el promedio latinoamericano bajo ese criterio.
Con 500 mil pesos, equivalentes a 12 mil 788 dólares el sueldo del presidente dominicano (y los de los otros poderes del Estado) se eleva en un 281 por ciento sobre los 3 mil 354 dólares que gana actualmente para quedar entre los cinco mejor pagados, después de Guatemala, Chile, Brasil y México. Eso sería 4 mil 515 dólares por encima del promedio real latinoamericano de 8 mil 273 dólares. Superaría el sueldo del presidente de España, que este año equivale a 291 mil 610 pesos, en un 71 por ciento. En proporción a los salarios públicos mínimos de los países latinoamericanos, el sueldo del presidente dominicano sería el segundo, al superarlo 87 veces. El de México es 155 veces, y el de Guatemala 85, Brasil 51 y Chile 43. Todos los demás superan el salario mínimo oficial menos de 30 veces.
Se ampliaría la inequidad
Cualquier análisis, como el del consultor París o el efectuado recientemente por Participación Ciudadana diagnostica una enorme brecha de inequidad salarial en el sector público dominicano y por eso se aboga por una ley marco que evite que altos funcionarios ganen hasta 900 mil pesos mensuales de salario, sin contar gastos de representación, pagos de combustibles, bonificaciones y otras compensaciones, mientras un médico gana entre 30 y 40 mil pesos, un maestro entre 8 y 12 mil pesos por tanda, un teniente de 10 a 12 mil pesos y con un salario mínimo de 5 mil 750 pesos en el gobierno central.
Con la escala que plantea el proyecto de la comisión senatorial se ampliaría la inequidad en el sector regulado y se permitiría que los autónomos y descentralizados, donde están los mayores salarios, la siguieran aumentando. Al fijar el sueldo de los ministros en 350 mil pesos se le cuadruplica a los 7 que ganan 75 mil y se aumenta 75 por ciento a los otros 7 que ganan 200 mil y en 16 por ciento a los 3 que reciben 300 mil pesos. Los ministros dominicanos ganarían 92 mil 721 pesos más que sus pares españoles, cuyo salario fue reducido este mes a 5 mil 338 euros mensuales, equivalentes a 257 mil 279 pesos.
El incremento del gasto salarial sería monumental si se aplica la equidad salarial ordenada en el artículo 31 del proyecto senatorial, porque implicaría también altísimas proporciones de aumento para los viceministros, directores generales y departamentales de toda la administración Publica, así como para el resto de los empleados, sobre todos los de salario mínimo, lo cual no es sólo incosteable sino contradictorio con la situación de las finanzas públicas y el reclamo generalizado de austeridad en el gasto gubernamental.
Los altos salarios públicos dominicanos se han venido justificando en la necesidad de pagar bien para reducir la posibilidad de soborno del sector privado, pero no se aplica, por ejemplo a los policías responsables de perseguir a los narcotraficantes y si es por capacidad y especialidad, no se hace justicia a los médicos cirujanos.
Congelarían el proyecto
Un alto funcionario público, cercano al debate salarial expresó su convicción de que el equipo económico del presidente electo Danilo Medina no dará su aprobación a la escala salarial propuesta por la comisión senatorial, considerando que contradice los esfuerzos por plantear una real política de austeridad y reducción de gastos para abrir perspectivas a un incremento tributario dentro de una concepción de reforma fiscal.
La razón por la que se urgía la aprobación del proyecto elaborado por el MAP y aprobado por los diputados era para ayudar al nuevo gobierno ya que se le concebía como regulador, no elevador, de salarios, e incluso que forzaría una reducción en varios cientos situados muy por encima del tope salarial racional que se asignaría al máximo responsable del Estado, que es el presidente de la República.
Concluida la legislatura, y aún si se convoca una extraordinaria, sería difícil aprobar y promulgar el proyecto senatorial, que ya tiene contradictores hasta entre los mismos senadores, en los 14 días laborables que restan para que se instale el nuevo gobierno, y menos aún en sus primeros meses. Todo parece indicar que la regulación salarial en la que el MAP invirtió tantos recursos quedará congelada por un buen tiempo.
El especialista fiscal Nelson Suárez evaluó esta semana que sólo en el gobierno central el pago de sueldos y salarios se elevó de 29 mil 812 millones de pesos en el 2004, a 80 mil 182 millones en el 2011. Para relevar la inequidad apuntó que el año pasado el Ministerio de Educación con nómina de 114 mil empleados gasto en servicios personales 25 mil 183 millones de pesos, un promedio individual de 220 mil 903 pesos anuales y 16 mil 992 mensuales, mientras seis entidades con total de sólo 10 mil 749 empleados pagaron 14 mil 514 millones de pesos, es decir un promedio de un millón 350 mil 293 pesos por persona al año y de 103 mil 868 pesos mensuales. La diferencia salarial por persona entre los dos grupos fue de 6.11 veces.-
