En los ámbitos de defensa de los derechos humanos es cada vez más frecuente la interrogante sobre qué tendrá que ocurrir para que en este país acabemos de comprender que hay domínico-haitianos, como domínico-españoles, domínico-chinos, domínico- americanos y muchas otras extensiones de la nacionalidad. Mientras se expande vigorosamente el rechazo a la política que niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento a miles de ciudadanos ya reconocidos, muchos de ellos desde hace décadas.
Ya en octubre pasado un alto ejecutivo de una de las más reputadas universidades de Washington, tras reconocer las dificultades que impone la inmigración masiva tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, concluía señalando que había que aceptar que hay millones de méxico-americanos, o italo-americanos o domínico-americanos, para preguntar por qué no podíamos entender que hay también domínico-haitianos.
Se refería el académico a la denuncia, llevada hasta una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una coalición de organizaciones dominicanas y americanas que defienden los derechos de los miles de domínico-haitianos a quienes por una circular de la Junta Central Electoral desde el 2007 se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento.
Se trata de una decisión administrativa que aplica retroactivamente la ley de migración del 2004 y la Constitución del 2010, que restringieron el derecho a la nacionalidad dominicana a los hijos de residentes ilegales aunque nazcan en territorio nacional. Aunque muchos no compartan la restricción constitucional, se entiende dotada de legitimidad, pero de ninguna forma puede aceptarse su aplicación retroactiva, a quienes nacieron cuando la Constitución no establecía tal restricción. Y mucho menos para aquellos a quienes ya se les había reconocido.
Esa aplicación retroactiva choca con preceptos de la misma constitución dominicana, por demás generalizados en las constituciones de todo el mundo, así como con los códigos de derechos humanos y en tratados y convenios internacionales.
Esa práctica inhumana ha sido denunciada en las últimas dos semanas en los informes sobre derechos humanos de Aministía Internacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y acaba de serlo por el Quinto Encuentro Regional de Migración y Movilidad Humana, al que asistieron obispos y religiosos de América Central, El Caribe, México y Estados Unidos, celebrado esta semana en esta capital.
La declaración final del encuentro es una defensa solidaria de los migrantes en toda la región, rechazando la criminalización de la inmigración ilegal adoptada por legislaciones de los estados norteamericanos de Alabama y Arizona, y por el trato inhumano a migrantes haitianos en República Dominicana. Se pronuncia específicamente en defensa a los dominicanos de ascendencia haitiana, prometiendo que proseguirán la lucha por el derecho a la nacionalidad dominicana de los descendientes de haitianos nacidos en el país antes del 2010.
Si la legislación adoptada en Alabama y Arizona ha sido rechazada firmemente en todo el mundo, por considerar un crimen la inmigración ilegal, mucho más lo será el despojo de la nacionalidad a los domínico-haitianos a quienes se las habían reconocido durante décadas.
Ahora que los obispos dominicanos han coincidido con sus colegas de la región y de Estados Unidos sobre los derechos de los migrantes, debe esperarse que la Conferencia del Episcopado Dominicano adopte una actitud de firme defensa de los dominico-haitianos, como lo viene haciendo hace años el Servicio de los Jesuítas para los Refugiados y Migrantes, el Centro Bonó, el Centro de Asesoría Jurídica de la Iglesia y otras entidades religiosas y sociales.
Varios obispos dominicanos se han manifestado individualmente en rechazo a ese atropello, pero el refuerzo colectivo de la Conferencia Episcopal debe ser un gran impulso al reclamo de justicia. Hagamos una oración por miles de dominico-haitianos que reclaman copias de sus actas de nacimiento para acceder a educación, para sacar o renovar pasaporte y hasta para contraer matrimonio.-
