SANTO DOMINGO, RD.- El ministro de Salud Pública Bautista Rojas Gómez, dijo este miércoles que llevará al Congreso Nacional la discusión acerca de la posibilidad de estudiar la conveniencia o no de eliminar la intermediación Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) que operan de conformidad con la Ley 87-01 sobre Seguridad Social.

Dijo que el Poder Legislativo constituye el escenario ideal un abordaje amplio sobre una posible modificación de la legislación, a fin de adecuarla a las demandas actuales y que vaya en beneficio de los contribuyentes.

Sobre el particular, refirió que la próxima semana se reunirá con las comisiones de Salud del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para tratar el tema.

Rojas Gómez acusó al presidente de la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, de  actuar por encargo de sus “amos” cuando demanda del Ministerio de Salud Pública de explicar en qué invierte el presupuesto anual que recibe y de reducir la mortalidad materna e infantil.

Precisó que en el Congreso Nacional los empleadores de Vargas tendrán la oportunidad, en vistas públicas o reuniones de las comisiones legislativas,  de exponer sus puntos de la vista.

Ellos quieren desviar la atención del tema poniendo en duda la transparencia de la ejecución presupuestaria de la cartera bajo mi cargo, agregó, “pero quien quiera investigar sobre el particular tiene el derecho de hacerlo a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública”.

El funcionario reiteró su posición de que las ARS, en su calidad de intermediarias del Sistema de Seguridad Social, lo que hacen es encarecer el sistema en perjuicio de los afiliados, y que lo único que le interesa es el dinero.

Opinó que en vez de cuestionar el mano pulcro de los recursos del Ministerio de Salud, lo que debe hacer el presidente de la ADARS es explicar en qué utilizan los fondos consignados para la promoción de la salud que reciben cada mes.

Dijo que por eso las autoridades sanitarias erogan anualmente más de  RD$1,200 millones para costear enfermedades catastróficas de los afiliados porque las ARS se niegan a cubrir en violación de las normas establecidas.

“Desde hace mucho tiempo he dicho que no creo en la intermediación, porque a mi juicio lo que hace es encarecer el costo de los servicios que debe recibir la población, y en este caso, los afiliados al régimen contributivo; que mensualmente pagan a través de los descuentos de sus salarios”, sostuvo.