Es reconfortante el entusiasmo con que un grupo de diputados ha tomado la promoción de un proyecto de ley que busca enfrentar el caos en que se han convertido las principales ciudades y carreteras del país, un impresionante espejo del desprecio por la ley que degrada la convivencia con inmenso costo económico y en pérdida de vidas, hasta el grado de que los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte, afectando fundamentalmente a las personas en edad productiva.
El denominado proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que debe ser simplificado en proyecto de Ley de Transporte y Seguridad Vial, está bien concebido, abarcando no solamente las normas de circulación vial establecidas en la obsoleta Ley 241, sino que también implicaría planificación, financiamiento y regulaciones a todo el sistema de transporte, y sus operadores públicos y privados, así como el uso de las vías públicas.
Se trata de crear una autoridad única para todo el sector, refundiendo la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) del Ministerio de Obras Públicas, contemplada en la ley 241 de 1967, con otras seis entidades creadas por decretos en las últimas cuatro décadas, que la población apenas conoce por sus siglas: ONATRATE-OMSA, OTTT, FONDET, AMET, CART, OPREP, aparte las funciones que la ley de municipios reserva a los ayuntamientos.
Esa proliferación de organismos que se sobreponen, implica una asombrosa acumulación burocrática de casi ocho mil empleados, sin incluir los municipales, que cada año cuesta varios miles de millones de pesos, suficientes para financiar el Instituto Nacional de Transporte y Seguridad Vial contemplado en el proyecto.
La propuesta legislativa es fruto de muchos años de estudios, diagnósticos, seminarios y planteamientos que tuvieron concreción en un anteproyecto elaborado en el 2005 por la OPREP, posteriormente consensuado por la Comisión Nacional de Reforma del Estado y desde hace tres años impulsado por el diputado Rafael Tobías Crespo, un profundo conocedor de la problemática del transporte a partir de su experiencia de varios años al frente de la DGTT. Cuenta también con el apoyo decidido de los presidentes de las comisiones de Obras Públicas y Seguridad Vial y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Hugo Fortuna y Henry Merán, así como del diputado Ricardo Contreras, al frente de una subcomisión.
Esos legisladores han dado amplias justificaciones para la iniciativa, sobre la cual buscan un consenso fundamental entre los diversos actores del sector transporte, tarea compleja por los diversos intereses legítimos y de facto que implica, muchos de ellos verdadera rémora social, pero que han sido tolerados y auspiciados por la irresponsabilidad de las autoridades y de la ciudadanía.
Por ser tan abarcador e innovador el proyecto de ley es todo un código de 331 artículos, previsor y con normativas para todos los aspectos implicados, pero debe evitarse que resulte impracticable. Por ejemplo cuando se contempla que todos los vehículos sean sometidos a una revisión anual, y los de transporte público semestral. La iniciativa es correcta para eliminar chatarras y reducir la contaminación ambiental, pero para que no replique la inutilidad y el negocio de la actual “revista”, habrá que reducir el universo de revisión, excluyendo los primeros años de servicio o de kilometraje.
La anarquía del sector es tan grande que cualquiera piensa que es imposible superarla. Pasan de tres mil las vidas que se pierden cada año en accidentes automovilísticos, con un alto costo de mutilaciones y discapacidades. El transporte implica una proporción muy alta del salario. La inversión pública ha consumido miles de millones de pesos en exenciones y favoritismos. La improvisión y falta de planificación es patente en la desproporcionada concentración de la inversión en un metro que hasta ahora apenas sirve el 3.3 por ciento de la demanda de transporte.
Al estimular la iniciativa legislativa hay que formular votos porque tenga pronta concreción, ahora que se enarbola la consigna de “manos a la obra”. Con la conciencia de que aún con la mejor ley se requiere una gran voluntad política para empezar a revertir el caos de las calles, carreteras, parques y aceras.-
