SANTO DOMINGO, RD.- Ya hasta legisladores piden que se agilice la nulidad de un contrato con una empresa privada para la instalación y operación de equipos de rayos X en los puertos y aeropuertos del país, por considerar que el mismo pone en peligro la seguridad nacional y control que debe estar en manos de la autoridad oficial y no de una compañía privada.
Algunos diputados como es el caso del reformista Víctor Bisonó y el peredeista Anibal Rosario, dice estar de acuerdo con que el congreso revise ese contrato.
En declaraciones difundidas por el programa El Puerto, que produce William Rodríguez por Súper Canal, lamentan que se mantenga detenido ese importante proyecto, que en estos momentos hace falta para mantener la seguridad en los puertos y aeropuertos del país.
Además hay quienes dicen que se debe revisar de inmediato el contrato que hizo en el Ministerio de las Fuerzas Armadas,en el año 2002.
El contrato en litigio inicialmente fue suscrito entre la madre del yerno del ex general Manuel Antonio Noriega y el general retirado José Miguel Soto Jiménez, en representación de las Fuerzas Armadas Dominicanas.
La preocupación se ha apoderado de diversos sectores porque todavía se espera que un tribunal decida sobre la demanda en nulidad incoada hace casi ocho años contra dicho contrato.
Para anular este contrato la Dirección General de Aduanas presentó una demanda en los tribunalesen el 2004, al inicio de la gestión del fenecido Miguel Cocco Guerrero y por el tiempo que llevan esperando el fallo las autoridades están preocupadas por la situación.
El acuerdo aprobado en el Congreso Nacional el 18 de julio del 2002, bajo las firmas de José Miguel Soto Jiménez, en representación del Estado y por la señora Belinda Galván, viuda del ex jefe de las Fuerzas Armadas, Juan René Beauchamps Javier. Precisamente el hijo de la viuda del ex general Beauchamps Javier, Juan René Beauchamps hijo se casó en 1987 con Sandra Noriega, pero posteriormente se divorciaron.
Aunque en el momento del inicio de las negociaciones que dieran lugar a la firma del contrato todavía estaban unidos por los lazos de familiaridad y negocios.
De hecho, el propio Soto Jiménez reconoce la falta de calidad de las FFAA para firmar este tipo de acuerdo, pero, asegura que lo hizo para cumplir una orden que recibió del entonces presidente de la República, Hipólito Mejía.
Según el contrato, por cada carga inspeccionada, el Estado debería pagar a la empresa un monto que iba desde los US$25 hasta los US$90, dependiendo del tamaño del contenedor.
En el documento también se autoriza a la empresa a cobrar a los usuarios un 5% adicional a la tarifa establecida, monto que se entregaría al Estado, luego de cobrarse cualquier compensación que se le generara.
A la empresa, además,se le reconoce derecho de incrementar las tarifas en proporción con cualquier compensación que deba hacerle al Estado, así como el reajuste de las tarifas anualmente. Los cobros del servicio los haría la Autoridad Portuaria Dominicana.
También quedaba exonerada de “todos y cada uno de aquellos impuestos, tasa, arbitrio o cualquier otra carga legalmente establecida” que afecte sus operaciones, “incluyendo, pero no limitando”, los impuestos de importación de todos los equipos y materiales para la instalación del sistema.
A cambio, la empresa debía adquirir e instalar los equipos, lo que se estimaba en una inversión deUS$14 millones, más la generación de unos 200 empleos.
Los representantes de la empresa no dan la cara, aunque si accionan por debajo y advierten la fuerza de ley del contrato por haber sido refrendada por las cámaras legislativas y justificó la firma de las Fuerzas Armadas, por entender que la inspección de los furgones no era solo un asunto aduanero, sino de seguridad nacional por el terrorismo y el narcotráfico.
La empresa que en la actualidad representa Salomon Melgen, alega que Aduanas había aprobado la instalación, pese a que esa dependencia siempre lo ha negado.
Y por más esfuerzos que han realizado varios medios de comunicación en buscar la reacción con los ejecutivos de la empresa, no ha sido posible y estos siempre fijan su posición pormedio de comunicado público.
Y de acuerdo con un comunicado de la empresa, en el que no aparece la rúbrica de sus dueños, el presidente Leonel Fernández, mediante decreto designó una comisión integrada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el Director de la Autoridad Portuaria Dominicana y el director de Aduanas, pero los principales funcionarios del gobierno evaden referirse a este tema.
E incluso al Ministro de la Presidencia y ex consultor Juridico del Poder Ejecutivo, Cesar Pina Toribio, se le preguntó esta semana sobre este contrato y dijo saber nada del mismo.
Y el único que mantiene su posición firme para que este contrato sea eliminado es el director de Aduanas, Rafael Camilo.
