SANTO DOMINGO, RD.- Trajano Potentini, Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), ofreció su respaldo a las acciones que lleva a cabo La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección al Consumidor, (Pro Consumidor) licenciada Altagracia Paulino, exigiendo el cumplimiento de la ley 358-05, sobre la protección de los derechos de los consumidores, en relación al registro de los contratos de adhesión por parte de los bancos comerciales, violación que además se manifiesta en el tamaño de la letra de los contratos, prácticamente ilegibles para los usuarios y la falta de información y orientación sobre el contenido y alcance de los contratos.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), tras calificar de correcta, valiente y hasta patriótica la aptitud de Altagracia Paulino, al exigir el cumplimiento de la ley, pone a disposición de pro-consumidor un cuerpo de profesionales del derecho para enfrentar el poderío de los bancos comerciales en el desconocimiento e irrespeto, no solamente de la ley  358-05, sino además de un derecho fundamental consignado en el artículo 53 de la constitución de la república, al contemplar que: Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

Potentini afirmó que los usuarios y consumidores en la República Dominicana se encuentran desasistidos y sin protección, objetos de toda clase de vejamen y transgresiones a sus derechos por parte fundamentalmente de los bancos comerciales en el cobro abusivo de intereses por el uso de tarjeta de créditos, por prestamos y cargos excesivos por servicios bancarios ante la mirada cómplice de la Superintendencia de Bancos, única explicación para la descomunal rentabilidad de estos negocios que anualmente se alzan con decenas de miles de millones de pesos a expensa de un pueblo cada vez más pobre. Asimismo es notario el abuso cometido por las telefónicas, la corporación de empresas estatales eléctricas, la caasd, entre otras tantas instituciones que ofrecen servicios públicos, también con beneficios incuantificables todos los años.