SANTO DOMINGO,RD.-El encargado de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla García, declaró que durante el año pasado obtuvo importantes avances en la labor de investigación llevada a cabo por los fiscales adscritos a esa dependencia. Asimismo, adelantó que como pruebas de su afirmación, en los próximos días entregará una síntesis con los resultados de estos casos.Bonilla García presentó una sinopsis con los avances que durante el año pasado tuvo el país en materia de transparencia y disminución de los casos nuevos de corrupción, como consecuencia de la efectividad de las medidas adoptadas en el marco de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC).
Señaló que si bien en el último informe presentado por la organización de transparencia internacional coloca al país en un sitial preocupante, se debe a que los datos examinados por ese organismo corresponden a la situación imperante en el año 2010.
Además, porque, según sostuvo, los mismos son suministrados con escasa objetividad, pues en su mayoría los proporciona Participación Ciudadana y sus asociados, de la que dijo que mantiene cierto alejamiento con las políticas de las autoridades de turno.
Sin embargo, agregó que conforme a las estadísticas oficiales que maneja la DPCA, durante el año 2011 descendieron en forma apreciable las denuncias serias sobre presuntos hechos de corrupción, como consecuencia de las referidas medidas.
De acuerdo a Bonilla García, son notorias las mejoras en cuanto al nivel de cumplimiento de la Ley 340-06, sobre compras, contrataciones y concesiones en el Estado.
Aseguró que son mínimas las denuncias concretas sobre violaciones a la referida norma legal a partir de las decisiones adoptadas por el presidente y el consejo de ministros, a principios del año pasado.
Indicó que durante el 2011 las denuncias específicas de presuntos actos de corrupción cayeron en más de un 50% respecto al año anterior.
Bonilla señaló que durante el pasado año fueron sometidos a la justicia diecisiete (17) personas, por hechos que ocurrieron en periodos anteriores al 2011.
Sugirió una reestructuración integral del modelo de justicia aplicado hasta hoy, pues a su juicio ya está agotado y algunos de sus integrantes deben ser sometidos a rigurosas evaluaciones de desempeño, tal y como ha venido exigiendo una parte importante de la sociedad.
Bonilla García indicó que a través de su Unidad de Litigación, durante el año 2011 mantuvo en los tribunales del país todos aquellos procesos que se encuentran pendientes de solución, algunos de ellos desde hace más de cinco años, pero que por la grave mora judicial, 19 casos pendientes no han sido decididos.
Señaló que la gestión de la Suprema Corte de Justicia saliente contribuyó para que este no fuera decidido aprestándose a declarar la extinción de la acción penal, por supuesta duración máxima del proceso que prevé la norma procesal, que son tres años.
Igualmente, se refirió que en algunos tribunales de varias provincias del país se encuentran pendientes de decisión otros dieciocho casos presentados en distintas fechas.
