SANTO DOMINGO.-El sistema judicial dominicano ha avanzado mucho en la persecución de los delitos ordinarios, las infracciones comunes y hasta el combate a la corrupción privada, pero cuando los actos corruptos los cometen políticos, no hay sanción, afirmó hoy el procurador adjunto, Hotoniel Bonilla. “En seis años que tengo trabajando en la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), estudiando la corrupción en el país y en América Latina, me he dado cuenta que el sistema de justicia no está concebido para sancionar al sistema político”, expresó Bonilla.
Señaló que el avance “sustancial” de la justicia está en que “por un lado investiga y persigue a los delitos ordinarios, las infracciones comunes: homicidios, narcotráfico, corrupción privada, los casos bancarios, pero cuando la corrupción toca a los políticos, ya hemos visto el resultado”, que es que no hay un solo preso por corrupción.
Entrevistado en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN canal 37, Bonilla indicó que desde el año 2000 hacia acá ha habido “acusaciones bien formuladas contra decenas, por no decir centenares, de ex funcionarios”, pero a la fecha no hay un solo detenido por actos corruptos en la administración pública.
Dijo que a pesar de que la sociedad reclama que cese la impunidad, la realidad es que frente a las denuncias de corrupción o no se investiga o si se investiga no se dan a conocer los resultados y si se apoderan los tribunales, entonces no se sanciona.
“Estamos en el mejor momento de procurar transparencia en la República Dominicana para avanzar a en la persecución de la corrupción”, expresó Bonilla, porque se dispone de un mejor marco constitucional y de una iniciativa legal para descubrir las acciones delictivas en la administración pública.
Declaró que antes no era posible invertir el fardo de la prueba en la acusación, pero que con la nueva Constitución, concretamente en su artículo 147, se establece que los funcionarios están en la obligación de demostrar el origen lícito de sus bienes al ingreso y salida de una función pública.
Bonilla sostuvo que con esa disposición constitucional y con la aprobación de la nueva Ley de Declaraciones Juradas que está en la Cámara de Diputados, los funcionarios públicos estarán compelidos a transparentar sus bienes, pues de lo contrario recibirían sanciones vía la justicia que incluyen la separación del cargo público.
Aclaró que actualmente “no hay un solo ministro ni un solo director general de este gobierno que no haya presentado su declaración jurada de bienes”, por lo que considera que se ha avanzado.
Empero, Bonilla admitió que la DPCA no dispone de un mecanismo para determinar si la declaración jurada de los funcionarios expresa la realidad de sus bienes.
Explicó que los expedientes que investiga la DPCA son llevados a los tribunales, pero que en ese ámbito no hay muchas esperanzas, “aunque el ministerio público también ha retirado acusaciones”.
Manifestó que la gente que reclama el fin de la impunidad pudiera entender que la DPCA no da respuesta a las investigaciones, pero Bonilla dijo que “por la naturaleza de los hechos, la investigación de corrupción es muy difícil porque los funcionarios cuentan con poder”, realizan sus actos de tal forma que parezcan normales, se asesoran de buenos abogados, y se cubren con apoyo político.
Expresó que no es lo mismo hacer una denuncia a través de los medios de comunicación que incoar una acción penal a través de la justicia, porque se necesitan pruebas.
“El incremento patrimonial por sí solo no es un ilícito penal. A veces se le atribuyen bienes a una persona”, pero al final no puede demostrarse que esos bienes sean propios.
