SANTO DOMINGO, RD.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó como sumamente preocupante lo que ocurre a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), porque esa situación afecta a la democracia y deja un vacío en el ambiente político.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, sostiene la tesis de que lo que viene ocurriendo en el PRD está desencadenado una situación que pudiera llegar a la conclusión de que la democracia dominicana está de luto.
“Eso, evidentemente, tiene que llevar que a lo interno de ese partido se revise, ahí debiera vivirse una perestroika”, proclamó, tras apuntar que al parecer es difícil que el PRD por sí mismo sea capaz de resolver el problema porque entre los sectores que representan a Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía se han descalificado.
“Ahí cada ola que se desata es muy difícil que entre ellos la puedan contener. Entonces, cuando se dan situaciones como esa, hay que buscar mediadores, mediadores primero que cuenten con la credibilidad y con la legitimidad”, subrayó.
Comentó que un conflicto que pudo haber sido jurídico se ha convertido en político, razón por la cual se observa que no hay forma de que institucionalmente sea resuelto.
Calificó lo ocurrido en la Casa Nacional como un espectáculo deprimente, degradante y que pone en peligro el futuro del PRD, porque cuando se analiza quiénes han venido ocupando posiciones de poder en la sociedad dominicana, se observará que no son los revoltosos.
“Balaguer no lo fue, Jorge Blanco tampoco, tampoco lo fue Leonel Fernández, el propio Hipólito Mejía”, enfatizó, para luego manifestar que a la hora de elegir a un presidente la ciudadanía se inclina por la gente sensata y un discurso político.
Castaños Guzmán consideró que el problema del partido opositor es tan profundo que requiere en esta ocasión que instituciones, como las iglesias, sean las que lideren todo lo que puede eventualmente puede ser buscarle una salida al problema.
“Obviamente, la Fundación Institucionalidad y Justicia siempre estará en la mejor disposición de que en el hipotético caso de que sus aportes puedan contribuir a resolver problemas de esta naturaleza, claro que sí”, subrayó.
Sin embargo, el jurista manifestó que es un problema tan grave que habrá que buscar a la institución, que según todos los estudios es la que mayor credibilidad tienen en el país, como son las iglesias, encabezada por la Iglesia Católica.
Comentó que hay una cosa en política que se llama el contrapeso y que dado el número de militantes que tiene ese partido, quien lo garantiza desde la oposición es el PRD.
“Entonces, no habiendo contrapeso, evidentemente que eso disminuye todo lo que es la democracia, la democracia es el concurso del consenso, entonces, ¿cómo se puede consensuar, cómo se puede debatir, disentir?”, reflexionó.
Castaños Guzmán observó que en este proceso la sociedad civil ha tenido que asumir temas que no forman parte de su discurso, porque son propios del debate político, debido al vacío que existe actualmente.
Consideró que el PRD es uno de los principales activos de la política y la democracia dominicana, porque ha sido a través del sistema de partidos que se ha venido desarrollando la misma en los últimos 60 años.
“Este es un partido que ha jugado un rol espectacular en todo lo que ha sido el proceso democrático dominicano”, apuntó.
La DNCD
El vicepresidente de la Finjus ratificó que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) es una institución que tiene que estar adscrita a la Procuraduría General de la República, porque se trata de un mandato constitucional.
Castaños Guzmán argumentó que en los Estados Unidos, el FBI y la DEA están adscritos la Secretaría de Justicia, que dirige el Procurador General de esa nación.
Afirmó que en el caso dominicano, esa es una decisión política, porque depende del presidente Danilo Medina determinar si la DNCD será un organismo adscrito al Ministerio Público.
“Aquí de lo que se trata es que la Constitución eso fue lo que estableció y yo creo que puede darse, de ser adscrita, pudiese operar como opera la Dirección General de Prisiones, que es una institución adscrita al Ministerio Público, pero que opera con una excelentísima autonomía funcional”, acotó.
Sostuvo que no se trata de que los miembros de la DNCD no sigan siendo policías y miembros de las Fuerzas Armadas, ni si el que seguirá nombrando es el Presidente de la República.
Precisó que la lógica de la Constitución del 2010 trató de fortalecer las direcciones.
¿Qué es lo que hace la DNCD? Perseguir e investigar. ¿Quién es el que tiene el monopolio de la investigación y de la persecución? Es el Ministerio Público”, reflexionó.
Rechazó que con la posición que ha asumido la Finjus lo que se persiga es desmembrar a la institución, sino que lo que busca es que ésta se fortalezca y esté acorde con el mandato constitucional.
“Si eso no es ahora, eso va a ser y va a ser pronto, porque esa es una disposición constitucional”, insistió.
