SANTO DOMINGO, RD.- La Fundaci贸n Institucionalidad y Justicia, INC. (FINJUS) a ra铆z de un diagn贸stico realizado al sistema de justicia inmobiliario, advierte sobre la grave crisis que afecta a este importante eje de la seguridad jur铆dica y la econom铆a nacional, debido al estancamiento y deterioro progresivo de los cambios introducidos por la reforma iniciada con la promulgaci贸n de la Ley 108 del 2005.
A pesar de que el derecho de propiedad juega un rol esencial en el desarrollo social y econ贸mico, que su eficiencia se encuentra directamente vinculada al funcionamiento general de su modelo de gobierno, en la actualidad existe una alta preocupaci贸n debido al incorrecto funcionamiento y regulaci贸n que se observa en nuestro sistema de justicia inmobiliaria.
En este sentido, la FINJUS entreg贸 al Presidente de la Suprema Corte de Justicia un informe sobre el impacto de algunos de los elementos centrales que hoy amenazan el necesario proceso de modernizaci贸n de la Justicia Inmobiliaria, cuyos principales aspectos se detallan a continuaci贸n.
Al momento de la promulgaci贸n de la actual Ley Inmobilaria 108-05, nuestra atenci贸n estaba concentrada en la urgencia de que se atendieran problemas fundamentales como la adecuaci贸n del Sistema Torrens, que se encontraba atrapado en normas jur铆dicas obsoletas y adaptarlo a los tiempos modernos, as铆 como la transformaci贸n de las pr谩cticas y t茅cnicas hist贸ricas aplicables a la mensura, titulaci贸n y tr谩fico jur铆dico inmobiliario en general, e implementaci贸n de nuevas tecnolog铆as y procesos pertinentes a la organizaci贸n, operaci贸n y gesti贸n de los diversos 贸rganos que componen la hoy Jurisdicci贸n Inmobiliaria.
En este sentido, tras las iniciativas encaminadas desde el 1997 para dar inicio al proceso de reforma y modernizaci贸n de nuestro sistema inmobiliario, FINJUS entiende que en dicho proceso se alcanzaron avances visibles tanto en lo normativo como en la infraestructura, en especial en aspectos tales como la puesta en funcionamiento de Salas de Consultas diseminadas a nivel nacional, la digitalizaci贸n de los libros de t铆tulos y planos, la implementaci贸n de nuevos formatos de papeler铆a, as铆 como el funcionamiento de una Unidad de Cartograf铆a, dependiente de la Direcci贸n Nacional de Mensuras Catastrales, que ha creado una serie de capas de informaci贸n, a trav茅s de la vectorizaci贸n de planos, logrando identificar una buena cantidad de solapamientos a nivel nacional.
Sin embargo, en el an谩lisis de la situaci贸n actual resaltan problemas tales como el aumento desbordado de los expedientes, la falta de coordinaci贸n interinstitucional y la carencia de recursos, factores que por su car谩cter complejo tienen una amplia gama de efectos negativos.
En el 谩rea normativa se identifica como factor negativo el continuo choque entre el sistema de derecho civil de origen franc茅s y el sistema registral de origen australiano, que pese a los esfuerzos realizados no se han podido integrar plenamente. Asimismo se reportan graves distorsiones en el funcionamiento interno de la Jurisdicci贸n inmobiliaria, que ameritan la intervenci贸n por parte del Poder Judicial y la sociedad, entre las cuales se encuentran:
i)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Las constantes dilaciones en los Registros de T铆tulos y la preocupante mora judicial de todo el sistema de justicia inmobiliaria;
ii)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 La larga duraci贸n de los procesos de deslinde, los cuales han aumentado radicalmente ante la restricciones relativas a las Constancias Anotadas;
iii)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 El traslado injustificado de t茅cnicos especializados o su sustituci贸n.
iv)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Debilidades en el sistema de estad铆sticas de los procesos t茅cnicos y聽 judiciales, que permitan a la sociedad tener una clara idea de los retos a enfrentar y soluciones a proponer
v)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 La no aplicaci贸n de un sistema de consecuencias ante las actuaciones indebidas de actores que tienen un rol preponderante en el sistema, como es el caso de los agrimensores, por ejemplo en los casos de expedientes desplazados por falta de capacitaci贸n t茅cnica en georreferenciaci贸n satelital o de manera intencional con fines il铆citos mediante acciones contra propietarios de terrenos registrados o en el 谩mbito de terrenos no saneados en las 谩reas protegidas
vi)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Los vac铆os legales y t茅cnicos que predominan en sectores de la Direcci贸n Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC) y la falta de aplicaci贸n de novedosas figuras previstas en la normativa, como el caso del diagn贸stico catastral descrito en el Reglamento General de Mensuras Catastrales;
vii)聽聽聽聽聽聽聽聽 La falta de unificaci贸n de criterios entre los actores del sistema, principalmente en la DNMC que no est谩 al d铆a con las tecnolog铆as de punta geoespaciales para el posicionamiento de las parcelas incluyendo la revisi贸n del reglamento de mensuras catastrales que no se revisa desde el 2009.
viii)聽聽聽聽聽聽聽 Las dificultades en la implementaci贸n del Sistema de Gesti贸n y Automatizaci贸n Registral (SIGAR) y su posterior flexibilizaci贸n con el nuevo SIGAR Flexible, con el cual se aumenta la facultad discrecional en el 谩rea registral.
ix)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 La necesidad de que la Unidad de Cartograf铆a, adscrita a la Direcci贸n Nacional de Mensuras catastrales, se le dote de un estatuto legal en base a la Ley y el reglamento de Mensuras Catastrales, de forma que pueda cumplir adecuadamente con sus funciones y decidir sobre los asuntos que le competen en base a las inspecciones de campo de dicha Direcci贸n.
x)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 La urgencia de la implementaci贸n de un proceso administrativo adecuado para que la DNMC proceda a hacer una inspecci贸n cartogr谩fica para determinar la validez o no de las parcelas solapadas aprobadas y proceder a notificar por oficio al Tribunal de Jurisdicci贸n Original correspondiente cuando detecte estos casos, luego de que sean inspeccionados en campo por la DNMC.
Esta situaci贸n de crisis real en el sistema inmobiliario adquiere ribetes dram谩ticos si tomamos en consideraci贸n que s贸lo por el n煤mero de litis inmobiliarias por solapamientos en curso, nos exponemos a que en menos de 2 a帽os colapse el sistema judicial inmobiliario. Si ese colapso se produjera constituir铆a el m谩s grave atentado a la seguridad jur铆dica y estabilidad econ贸mica que el pa铆s podr铆a sufrir, con consecuencias catastr贸ficas.
Consideramos que lamentablemente la combinaci贸n de factores internos y externos al Poder Judicial ha limitado el efecto de los a帽os de reforma inmobiliaria, la cual debi贸 tener un mayor impacto en la actualidad. A esto tendr铆amos que sumar las evidencias de falta de voluntad y resistencia de algunas autoridades locales de la Jurisdicci贸n Inmobiliaria que, en ciertos momentos, aun teniendo a su alcance las herramientas y el apoyo necesario para producir cambios, se han visto atrapados por l贸gicas parciales o particulares.
Se reconoce que el Estado ha realizado importantes inversiones y dedicado grandes esfuerzos para mejorar la justicia inmobiliaria y el registro de la propiedad. Sin embargo, se han producido estancamientos y retrocesos que debilitan los logros alcanzados. Esto es recogido en informes internacionales sobre factibilidad de negocios, como es el聽Informe Doing Business 2014聽del Banco Mundial, que registra que nuestro pa铆s obtuvo importantes mejoras de 2005 a 2009, pero que desde entonces, ha venido empeorando su posicionamiento en el 谩rea del registro de propiedad, pasando en 2013 del puesto 111 al 115, lo que pone en tela de juicio la seguridad jur铆dica del derecho de propiedad y las inversiones inmobiliarias tanto nacionales como internacionales. No es de extra帽ar la informaci贸n que hemos recogido en el sentido de que algunos inversionistas extranjeros con inter茅s en el turismo han desistido de concretar sus proyectos al no sentirse seguros por la situaci贸n que prevalece en el derecho de propiedad en el 谩rea inmobiliaria.
Para FINJUS las posibles soluciones a las deficiencias de la justicia inmobiliaria deben ser abordados con una visi贸n integral, propositiva y participativa, de forma que los programas e iniciativas que se emprendan sean t茅cnicamente depuradas y est茅n socialmente legitimadas, como resultado de un amplio consenso entre todos los sectores involucrados.
En este sentido consideramos que la determinaci贸n de las prioridades para la soluci贸n de los problemas actuales ser谩 el resultado de la visi贸n y compromiso de los distintos sectores involucrados, en base a estrategias y recursos adecuados. Sugerimos que para encarar la situaci贸n planteada el Poder Judicial convoque a un Espacio T茅cnico donde expertos, empresarios, actores del sistema y organizaciones representativas discutan organizadamente las iniciativas urgentes que deber铆an emprenderse para trillar una v铆a de soluci贸n al c煤mulo de problemas 聽se帽alados.
