SANTO DOMINGO, RD.- La República Dominicana serà este martes sentada en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso del periodista y activista opositor Narciso González, ocurrida el 26 de mayo de 1994 durante el gobierno del extinto Joaquín Balaguer.
De acuerdo a la denuncia, González fue un fuerte opositor de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y posteriormente del gobierno de Balaguer, a quien acusó de cometer fraude electoral con el Ejército y las Fuerzas Armadas como cómplices.
Su desaparición fue un día después de haber hecho esa afirmación y de llamar a la desobediencia civil durante un acto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde era profesor.
La esposa de González, Altagracia Ramírez, declaró ayer en una conferencia de prensa que las investigaciones por este caso hechas por comisiones especiales del Gobierno han contado con la participación del Ejército, por lo que “se las llevó el viento”.
“Cada día me siento más pisoteada”, declaró entre lágrimas Ramírez al afirmar que el Gobierno actual, del presidente Leonel Fernández no ha avanzado en el esclarecimiento del caso.
Ramírez recordó que su esposo fue profesor universitario del presidente Fernández y que ambos participaban en tertulias en las que analizaban asuntos de actualidad del país.
Por su lado, Ariela Peralta, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a las víctimas en este caso, aseguró que estos hechos evidencia el “secretismo y hermetismo” con lo que funcionan las Fuerzas Armadas en República Dominicana.
Asimismo agregó que la desaparición forzada de Narciso González se trató de una “violación a la libertad de expresión” con el fin de “callar a un activista político opositor y un periodista formador de opinión” en el marco de un “régimen de terror”. Rafael Domínguez, miembro de una Comisión de la Verdad creada para este caso, comentó que en 1997 una fuente militar le dijo que se habían esclarecido los hechos, pero que el informe sólo sería entregado directamente al presidente Fernández, en su calidad de máximo jefe de las Fuerzas Armadas.
Según Domínguez, Fernández (quien también fue presidente entre 1996 y 2000) se negó a recibir el informe porque se saltaba en la cadena de mando al secretario general del Ejército, y ordenó la creación de una comisión mixta investigadora, por lo que ese informe nunca salió a la luz. Afirmó que no ha habido “voluntad política” para resolver el caso y que las investigaciones se han basado en información aportada por la familia de la víctima y la Comisión de la Verdad.
La audiencia pública de este caso ante la CorteIDH se realizará este martes y el miércoles en la sede del tribunal en Costa Rica, y en ella participarán representantes del Estado y de la víctima, peritos y familiares de González. El cual la decisión del fallo de este caso podría ser emitido este año.
