Camino de Santiago este viernes de febrero el aguacero que formaliza el final de la sequía nos ha acompañado en ida y vuelta, combinado con una persistente neblina que por momentos nos transporta a climas nórdicos. Sorteando los hoyos y las imprudencias de los conductores nos debatíamos sobre el tema de este artículo.

Queríamos “celebrar” el décimo aniversario de la promulgación de la Ley 19-01 que instituye el Defensor del Pueblo, pero llegamos a la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia en Santiago para disfrutar la solemne celebración del 75 aniversario de la llegada al país de los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC) y parecía justo concentrarnos en este acontecimiento.

Pero se nos va distanciando el 1 de febrero, cuando se cumplió el décimo aniversario de la promulgación de la ley más olímpicamente ignorada en la historia de la nación, aunque fue fruto de un largo proceso de “consenso” entre los partidos políticos, poderes públicos y la sociedad civil. Su artículo primero precisa que “El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante más que la del apego a la ley. Su característica es la neutralidad. El Defensor del Pueblo tendrá autonomía funcional, administrativa y presupuestal”.

El objetivo fundamental de la defensoría del pueblo es “salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, plasmadas en nuestra Constitución, en caso de que sean violadas por funcionarios de la Administración Pública”, según el artículo segundo.

Nadie ha podido explicar la razón por la que diez años después los congresistas han ignorado por completo esta ley. Aunque, no es la única, pues la Ley General de Migración (285-04) cumplirá siete años el próximo 15 de agosto, y todavía no ha sido dotada de su correspondiente reglamento.

Caímos en la distracción recordando el largo el rosario de leyes y reglamentos que no se cumplen o sólo se observan parcialmente, incluyendo la 166-03 que se encamina a su octavo aniversario, que destina del diez por ciento de los ingresos fiscales para los municipios. Según la Federación de Municipios el Poder Ejecutivo les ha sustraído 25 mil millones de pesos.

No queríamos caer en la ley general de Educación 66-97, con casi catorce años de edad, que destina el 4 por ciento del producto bruto interno a la educación, pero resultó imposible al ver que este mismo viernes nuestro vicepresidente Rafael Alburquerque suscribió en El Salvador un pacto regional para darle el 5.5 por ciento, la misma proporción que pactó el presidente Leonel Fernández en la última cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados en diciembre pasado.

No hay explicación para tanta irresponsabilidad e incuria. Por lo que resulta más grato concentrarnos en el 75 aniversario de la llegada al país de los MSC. Entraron por Sánchez y su misión religiosa y de promoción humana se ha concentrado en las comunidades más pobres.

La celebración ha resultado gratificante y el encuentro de los remanentes de la legión de misioneros canadienses como el padre Lucas y el hermano Jorge y de sus discípulos dominicanos como Darío Taveras y Juanito Rodríguez, religiosos integrales, seres humanos extraordinarios que honran el legado de Jesús.

Por encima de todos planea el recuerdo del padre Emiliano Tardif, con su sonrisa y abrazo siempre amplios, pleno de espiritualidad y de humanidad, cuyo proceso para ser consagrado santo debe avanzar rápidamente para que alguna vez nos toque la santidad, aunque sea dominico-canadiense.-