Cuando se revisan los acontecimientos nacionales de una semana el balance suelde ser estremecedor porque se puede comprobar el profundo proceso de descomposición que vive el país sumido en una alarmante anomia social, con imperio de la impunidad y progresivo debilitamiento del estado de derecho. Todo ello a plena luz del día, a la vista de todos y con reiteración cotidiana.
Es un acto de extrema hipocresía que quienes han autorizado a la Policía Nacional a matar cientos de presuntos y reales delincuentes, llevándose de paso a decenas de inocentes, es decir, a realizar su propia justicia, sumaria y con la extrema privación de la irrevocable vida, vengan ahora a alarmarse porque 23 policías se atrevieran a asaltar una cárcel para rescatar a un compañero a quien un juez había dictado privación de libertad provisional por haber matado a tiros a un joven.
La extrema hazaña policial conllevó un previo desfile, armas en ristre, por las calles de San Francisco de Macorís, donde decenas de personas han sido lisiadas por la política de los “cirujanos” de la PN que disparan a las rótulas de los muchachos pobres, sólo los pobres que no pagan sobornos, sospechosos de delinquir. Y eso lo han justificado, explicado o por lo menos silenciado personajes nacionales de todas las categorías, desde arzobispos hasta procuradores generales, presidentes, editorialistas y comentaristas de los medios de comunicación, juristas y civilistas, líderes políticos y sociales.
¿Qué es lo que se ha enseñado a esos policías que ahora están presos, por lo menos hasta que baje la marea de indignación que generó su hazaña? Los hemos armado y animado para que nos libren de delincuentes, para que “resuelvan” y nos protejan. Para ellos debe resultar inconcebible que un simple juez se atreviera a ordenar prisión contra un “heroico” compañero de armas, por el “simple hecho de haber matado un joven”.
¿Hubo alguna alarma o se tomó alguna acción preventiva o rectificatoria cuando en noviembre pasado Amnistía Internacional puso a circular un libro con el sugestivo título de “Cállate si no quieres que te matemos”, donde denunciaba cientos de muertes a manos de la PN y demandaba una rectificación y reestructuración a fondo? Se daba cuenta de 268 muertos a manos de la policía en el 2010 y nada menos que 443 en el 2009.
La reacción de las autoridades fue simplemente alegar que la prestigiosa organización internacional formaba parte de una campaña de descrédito contra el país. Eso no lo dijeron las autoridades puertorriqueñas cuando en junio último la misma Amnistía denunció que la policía de Puerto Rico practica una política pública de tirar a matar, de brutalidad y abusos no solo contra los presuntos delincuentes (sí presuntos hasta que un juez los condene), sino también contra inmigrantes dominicanos. Lean bien: se le criticó a la policía de Puerto Rico que entre 2010 y 2011 dio muerte a 21 civiles.
Es la impunidad, la cotidianidad del abuso, la ruptura del Estado de Derecho lo que genera acontecimientos como el de San Francisco de Macorís. Ojalá que este extremo acontecimiento no quede impune y reciba la sanción que merece, que no puede ser la simple exclusión del cuerpo del orden de los 23 policías involucrados o dejar sin funciones específicas al comandante. Es que tienen que ser culpados de desacato a la justicia, de asalto a mano armada, de exhibición de violencia o otros cargos.
Pero sobre todo este hecho debe sacudir la conciencia de tantas y tantos dominicanos que se han acostumbrado a las ejecuciones sumarias que practican los que según la Constitución y las leyes deben ser los primeros defensores de la vida, del orden y del estado de derecho.-
