SANTO DOMINGO, RD.-La presidenta de la Cámara de Cuentas (CC), Licelot Marte de Barrios declaró en estado de desacato a 136 alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos y así como a los directores de las juntas de distritos municipales, que no han entregado las documentaciones requeridas para el análisis presupuestario del año 2010, como manda la Constitución y la Ley 10-04.
“De acuerdo al artículo 56 de la ley, ellos se hacen pasible a prisión correccional de seis meses a dos años y de una multa de 20 a 50 salarios mínimos vigente en el sector público”, expuso Marte de Barrios.
Le pidió a los 136 ayuntamientos que no han hecho entrega de los documentos que muestren sus ejecuciones presupuestarias que la entreguen al Ministerio Público correspondiente en sus localidades y que de lo contrario éstos lo irán a buscar a la sede de cada cabildo mediante la fuerza pública.
Entre los ayuntamientos que figuran como violadores de la ley, de acuerdo a la presidenta del organismo regulador, se destacan el ayuntamiento del Distrito Nacional, el de Pantoja, Los Alcarrizos, La Vega, Monseñor Nouel, San Antonio de Guerra, en la provincia de Santo Domingo, La Guayiga y Pedro Brand.
También la Caleta, La Cuaba, Maimón, Navarrete, Jima Abajo, El Limón (Samaná), Moca, Gaspar Hernández, El Factor (Nagua), Villa Isabel, (Puerto Plata), y Esperanza, (Valverde), entre otros.
Explicó que el apoderamiento de los expedientes al Ministerio Público está siendo enviado desde este lunes, por lo que se espera que en una semana concluyan los envíos en cada caso, y el Ministerio Público actué de inmediato.
Marte de Barrios informó que los recursos presupuestarios que entrega el Gobierno a 384 ayuntamientos y juntas municipales ascienden a 16 mil millones de pesos, y cada alcalde tiene que enviar documentación a la Cámara de Cuentas detallando en que invierte ese dinero.
Durante una rueda de prensa, la presidenta de la Cámara de Cuentas dijo, también, que está listo el informe correspondiente a la ARS Semma y que en las próximas horas se le entregará a la Asociación de Profesores para que le den el curso que entiendan de lugar, en cuyo estudio preliminar se detectó el desfalco de casi medio millón de pesos.
