Por Leo Hernández
SANTO DOMINGO, RD.- La empresa minera Barrick Gold apura gestiones para que el gobierno le autorice a montar una planta para el almacenaje de materias primas y la fabricación de explosivos en sus instalaciones de Pueblo Viejo, Cotuí, aún cuando la iniciativa es cuestionada por un informe confidencial del ministerio de Defensa.
En fuentes gubernamentales del más alto nivel se informó que, aunque la petición de Barick para montar la planta fue formalmente solicitada en febrero del año que finaliza, lobbistas de la minera canadiense han intensificado su labor en el presente mes de diciembre para que el gobierno otorgue la autorización correspondiente.
La empresa extranjera motiva su petición en que con su planta propia de explosivos abarataría sus costos de producción. En explosivos, Barrick invierte anualmente poco más de un millón de dólares, se dijo.
Objecciones FFAA
El pedido de Barrick fue objetado en un informe técnico confidencial de los departamentos especiales de las Fuerzas Armadas, “enviado a la Superioridad”, copia del cual está en poder del autor de esta información.
“La construcción y puesta en marcha de una planta de explsovisos y almacenaje de materias primas en la mina Pueblo Viejo Dominicana Corporation, de Barrick Gold, implicaría un sin número de circunstancias que afectarían directamente la seguridad nacional, la industria local y la economía nacional”, comienza diciendo el informe.
“Cualquier percance que pueda ocurrir en la planta de explosivos que se ubique fuera de los terrenos de material bélico, para ser específicos, en la mina de Barrick, sigue siendo responsabilidad absoluta de las FFAA; por eso se ha realizado este estudio exhaustivo de las implicaciones que pueda tener su aprobación”, agrega.
De acuerdo con las consideraciones expresadas en el documento, para fundamentar porque la aprobación de esa iniciativa no sería beneficiosa para el país, se toma en cuenta que “afecta de forma negativa la seguridad nacional” y que hay producción nacional suficiente de explosivos para subrir el mercado local.
Se refiere, también, que “el trabajo con explosivos es una actividad de alto riesgo y por su naturaleza”, regulado por la ley 262 sobre sustancias explosivas, el manual de procedimientos para el manejo de armas, explosivos y químicos de las Fuerzas Armadas, el regalmento de seguridad y saluud de la ley 522-06, la propia Constitución de la república y otras normas legales.
El informe técnico recuerda, asimismo, que la Constitución, en su título XII, capítulo I, artículo 252 señala que “la defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas, y a ellas corresponde la custodia, supervisión y control de todas las armas, municiones y demás pertrechos militares, material y equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas en la ley”.
“De acuerdo a la ley 262 sobre sustancias explosivas”, agrega, “el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas, será hecho por las FFAA”.
Tras citar las normas para el funcionamiento, manejo y logística de fabricación y movilización de explosivos, y las legislaciones y reglamentaciones que regulan la actividad, los técnicos militares manifestaron en su informe lo siguiente:
“El solo hecho de otorgar permiso para la instalación de otra planta de explosivos, abre la posibilidad de que cualquier empresa local o extranjera pueda vender material bélico dentro y fuera del país, aumentando así el nivel de riesgo en seguridad física y nacional en el territorio dominicano”.
Insisten en que “el almacenaje de materias primas y productos terminados relacionafdos con explosivos debe estar bajo estricta custodia de la FFAA” y resaltan que “una planta de explosivos de ANFO y emulsión debe ser ubicada a corta distancia de la Intendencia de Material Bélico, bajo la custodia permanente de las FFAA, tanto en la fabricación como en el transporte y almacenaje de los explosivos, permitiendo a la fuerza pública tener un control completo y absoluto del manejo de las explosiones y sus materias primas”.
También refieren que “cabe llamar la atención en cuanto que en Barrick, municipio de Cotuí, a pesar de los equipamientos disponibles para mitigar las descargas eléctricas ocasionadas por las tormentas, debido a su ubicación geográfica y concentración de minerales, estadísticamente registra gran cantidad de muertes y daños materiales por esta causa, convirtiendo esta región del país en una zona de alta vulnerabilidad y peligrosidad para la puesta en marcha de una planta de explosivos”.
El informe concluye en que “teniendo en consideración la seguridad y demanda nacional, no se hace necesario la construcción de otra fábrica de explosivos, dado que la producción actual tiene capacidad para suplir la demanda local e internacional de los países vecinos”.
