Para algunos en Uruguay es el caso más controversial desde el regreso de la democracia hace 25 años.
Se trata de la anulación de la Ley de Caducidad, que desde hace unos cincos años persigue el gobernante Frente Amplio, y que fue aprobada este martes en el Senado.
La legislación impide el enjuiciamiento de efectivos acusados de violaciones de los derechos humanos durante el último gobierno militar (1973-1985).
Se estima que su derogación abriría las puertas a decenas de juicios por abusos cometidos en dicha época. Pero en dos ocasiones en referéndum popular, la población rechazó anularla.
Ahora, al haber sido votada en el Senado, se considera que la reforma pasó su mayor obstáculo. La anulación definitiva sólo necesita de un nuevo voto en la Cámara de Diputados, que ya lo hizo en noviembre, por lo que el paso es visto como un trámite.
Este escenario ha removido los cimientos de la estructura castrense del país.
Preocupación
“La anulación se enmarca dentro del proceso de hacer justicia con el enemigo y lo que significará es un desfile de militares ante la justicia. Pues además de la revancha (…) existe un elemento de compensación económica que se está buscando”
José Arújo, portavoz de Libertad y Concordia
Hace pocos días el comandante del ejército uruguayo Jorge Rosales, reconoció que algunos oficiales en retiro le hicieron llegar “una serie de preocupaciones” por lo que llamaron “un cambio en las reglas del juego”.
“Hay un nerviosismo muy grande”, admitió Rosales.
Y es que para muchos militares uruguayos -acusados de abusos- al otro lado del Río de la Plata, en Argentina, está una mirada a su futuro probable.
Desde que el gobierno argentino de Néstor Kirchner impulsó la revisión de la amnistía a militares denunciados por atrocidades como torturas y homicidio, más de 200 militares han sido condenados en los tribunales y unos 800 fueron procesados.
Se estima que en Uruguay unas 200 personas fueron “desaparecidas” durante el gobierno militar.
“Perseguidos políticos”
“Las objeciones que hay no sólo son de nuestra organización sino de una gran mayoría de la sociedad uruguaya”, le dijo a BBC Mundo el coronel retirado José Araújo, portavoz de Libertad y Concordia, un grupo que califica de “perseguidos políticos” a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad.
El ex presidente de facto Bordaberry y su canciller fueron condenados a prisión.
“La anulación se enmarca dentro del proceso de hacer justicia con el enemigo y lo que significará es un desfile de militares ante la justicia. Pues además de la revancha que hay por parte de algunos también existe un elemento de compensación económica que se está buscando”, aseveró Araújo.
El temor de los miembros del sector castrense en situación de retiro es que la anulación de la Ley de Caducidad se aplicaría además de manera retroactiva, incluso en casos que prescribieron o que ya tuvieron sentencia que, sin embargo, no son muy numerosos.
“Hay sólo un puñado de personas detenidas por lo sucedido en aquella época, en particular las figuras más emblemáticas, los cabecillas”, le dijo a BBC Mundo el analista político y docente de de la Universidad La República, en Montevideo, Adolfo Garcé.
El ex presidente de facto Juan María Bordaberry (1973-1976) y su entonces canciller Juan Carlos Blanco, son dos ejemplos de esto, al haber sido sentenciados a prisión por la desaparición forzada de personas.
“Pero ninguno de los cuadros medios o bajos han sido procesados. Por ello temen que se multipliquen los juicios con la anulación de la ley”, señaló.
Tres veces inconstitucional
La legislación que bloquea el camino a investigar los crímenes de lesa humanidad fue declarada inconstitucional en tres ocasiones por la Corte Suprema para casos puntuales. También le valió al Estado uruguayo a principios de abril una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La esencia de lo que se busca está bien, porque es necesario que el país clarifique la situación anterior, porque no se puede edificar nada sobre barro; gracias a la Ley (de Caducidad) se han evitado una infinidad de procesos y sanciones por violaciones a los derechos humanos”
Nelson García Otero, ex magistrado uruguayo
La legislación fue aprobada en 1986 y recibió una ratificación mediante referendo por la población tres años después.
Nuevamente en 2009 la población fue consultada para saber si aprobaba un proyecto legal de reforma y nuevamente no hubo la aprobación necesaria. Este elemento es el que ha esgrimido la oposición en Uruguay para criticar el intento de lograr la nulidad a través del legislativo pese a lo que indicó el elector.
“Ninguna institución está constitucionalmente facultada para anular leyes. El Parlamento no está facultado a hacerlo y corresponde a la Corte Suprema declararla (la Ley de Caducidad) inaplicable”, le señaló a BBC Mundo el ex magistrado uruguayo Nelson García Otero, quien rebate el espíritu jurídico de la reforma.
Pero agrega: “La esencia de lo que se busca está bien, porque es necesario que el país clarifique la situación anterior (el gobierno militar), porque no se puede edificar nada sobre barro; gracias a la Ley (de Caducidad) se han evitado una infinidad de procesos y sanciones por violaciones a los derechos humanos”.
Cuestión de estabilidad
El propio presidente uruguayo, José Mujica, ha intervenido directamente en esta situación. La semana pasada recibió a un grupo de militares retirados para tratar conciliar las preocupaciones.
“Nosotros creemos que esto sí puede desestabilizar al país, porque se debilita el Estado de Derecho, se desconoce la soberanía del pueblo y se deslegitima el acto de la democracia. Ya el pueblo votó dos veces que no”, afirma Araújo.
“Por eso creemos que se justifica la resistencia a la anulación, mediante reclamos de inconstitucionalidad en los tribunales nacionales e internacionales”, apuntó.
Para el académico y analista político Garcé, el descontento entre los militares no significa que “hay un riesgo para la democracia uruguaya”.
“Se trata sólo de malestar y malhumor”.
En marzo las autoridades uruguayas anunciaron que abrirían una investigación por la aparición de un video donde hombres que se identificaron como miembros del Ejército Popular amenazaban con acciones armadas para liberar a detenidos por crímenes de lesa humanidad durante el último gobierno de facto.
Por ello, personas como García Otero señalan que no creen “que pase nada,
