Aunque parezca innecesario, conviene comenzar señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es un organismo privado, de las no gubernamentales fruto de la iniciativa ciudadana, nacional o internacional, sino un órgano intergubernamental, de lo que se conoce como Sistema Interamericano.
También conviene advertir que la visita oficial que inicia mañana, no es la primera, sino la sexta que ese organismo realiza al país, la primera en 1961 tras la caída de la tiranía de Trujillo, después en 1963, luego en 1965 tras la guerra civil y la intervención militar norteamericana, cuando se extendió por más de un mes, siendo la más larga en su historia. Volvió en 1991 y por última vez en 1997. La de ahora tiene la particularidad de ser la más nutrida, ya que vienen 6 de sus 7 titulares y un amplio equipo ejecutivo.
Creada por los estados americanos en 1959 antecede incluso a la Convención Americana de los Derechos Humanos aprobada en 1969, aunque entró en vigencia a partir de 1978, año en que fue ratificada por el Estado dominicano. Hoy día la CIDH es un órgano fundamental de la Organización de Estados Americanos, y al igual que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene régimen propio de autonomía. Ambas entidades están instituidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Comisión es un órgano consultivo de la OEA y tiene como mandato la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente y está integrada por siete miembros independientes, electos a título personal por la Asamblea General de la entidad que agrupa a 34 estados americanos.
Con sede en Washington, algunos la confunden con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, ratificada por el gobierno del presidente Leonel Fernández en 1999, en virtud de lo cual sus dictámenes son vinculantes para la nación, al igual que para otros 23 países de la región que han reconocido su jurisdicción, lo que no ha hecho Estados Unidos, pero sí todos los de América Latina. Pero ambos organismos están vinculados en el propósito de proteger los derechos consagrados por la Convención Americana. De hecho la Comisión es como la procuraduría fiscal de la Corte, la que decide los casos que tienen los méritos necesarios para ser conocidos por el máximo órgano judicial de las Américas.
Con todo lo apuntado nadie debe sorprenderse de que la Comisión visite el país en medio de la grave crisis de derechos humanos determinada por la decisión administrativa de la Junta Central Electoral que desde 2007 despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional que la justifica y amplía a decenas de miles de personas.
De hecho hace más de dos años que la CIDH está apoderada de instancias de 48 de las primeras víctimas de la desnacionalización, y ha realizado ya dos audiencias públicas sobre sus casos, teniendo pendiente decidir si los remite a la Corte.
No hay duda que esta visita puede ser crucial para la suerte de loa dominicanos de ascendencia haitiana principalmente, condenados a constituir un guetto en la República Dominicana. Y como tal debemos saludarla, con el mismo respeto y consideración que tenemos por los órganos del Estado dominicano. Porque ella es parte del bloque de constitucionalidad nacional.
No hay que olvidar que en la reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA que conoció la sentencia del Constitucional dominicano se anunció esta visita como un esfuerzo para abrir senderos que solucionen el conflicto partiendo del principio fundamental de que a nadie se le puede despojar de su nacionalidad, como planteó allí el secretario general del organismo interamericano José Miguel Insulza.
Bienvenida la comisión.-
