Poco se ha avanzado en las investigaciones sobre Odebrecht a nivel local, pese a las revelaciones surgidas a finales de octubre de 2016, cuando salió a la luz pública que la empresa brasileña habría pagado 92 millones de pesos a funcionarios dominicanos para conseguir diversos contratos de construcción de obras. Asimismo la también brasileña Embraer admitió que pagó sobornos para vender aviones Tucano en Dominicana.

Hasta el día de hoy no se ha podido comprobar el alegado soborno, a pesar de que la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (PEPCA) sometió a la Justicia al exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio; al coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez; a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, por su presunto vínculo en el negocio de los aviones que ha sido calificado como ilegal.

Cabe destacar, sin embargo, que esta semana la Procuraduría General de la República aseguró que continúa las investigaciones, “por diversas vías”, con el propósito de esclarecer las revelaciones de la constructora brasileña, de que pagó sobornos por 92 millones de dólares en el país a lo largo de las últimas dos décadas.

Pero, el tema casi ha salido de las portadas de los periódicos para dar seguimiento al que desde el 28 de diciembre de 2016 acapara la mayor parte del tiempo de las autoridades judiciales: la banda de asaltantes que alegadamente lideraba Percival Matos junto a un grupo de cinco personas que permanecen bajo arresto.

Cuestionamientos a plantas de Punta Catalina

Otro tópico ligado a Odebrecht que igualmente ha perdido protagonismo es de la central termoeléctrica que se construye en Punta Catalina, Peravia, la cual ha sido cuestionada por diversos sectores bajo el argumento de una falta de transparencia en el proceso para su instalación.

Una de quienes han mantenido sus críticas sobre el caso de Punta Catalina es la diputada del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful.

“Sobre Punta Catalina, la sociedad precisa le sea aclarada, desde emisión ilegal de bonos, violación de la ley de presupuesto, sobreestimación de los ingresos, riesgo ambiental, así como su ejecución por la empresa Odebretch, en proceso investigación por el caso de corrupción Lava Jato en Brasil”, dijo la legisladora a mediados de diciembre de 2016.

Caso de los Tucano luce engavetado

En agosto de 2016 el caso de la compra de ocho aviones Super Tucano recobró fuerza en el plano judicial cuando se vinculó el nombre de un senador dominicano con el mencionado soborno que supuestamente recibieron funcionarios y autoridades militares dominicanas por la compra de las aeronaves.

Por los Tucano ya habían sido sometidos a la justicia  el  exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, junto al coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez y se mantuvieron circulando versiones de que varios senadores habrían utilizado sus influencias en la negociación de los aviones, a cambio de beneficios personales. Esta última parte hasta el momento se ha quedado en simple rumor, puesto que no hay investigación que haya podido demostrar lo contrario.

POR SAMUEL GUZMÁN