El presidente Danilo Medina pidió al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio y la modificación de la ley de lavado de activos de que envió el Poder Ejecutivo con el propósito de combatir la corrupción.

De inmediato,  los autores  del proyecto  saludaron la valoración y el interés  de  Medina de esta pieza,  que persigue recuperar para el Estado y el pueblo dominicano los bienes obtenidos ilícitamente.

Los senadores Adriano Sánchez Roa, Charlie Mariotti, Julio César Valentín y Antonio Cruz, consideraron que con la decisión firme del primer mandatario de que sea aprobada definitivamente esta iniciativa marcada con el Número 216-2017, con informe definitivo, serán revertidas las acciones que generan bienes ilícitos.

En su discurso de rendición de cuentas a la nación, el mandatario afirmó que la ley de extinción de dominio permitirá al Estado decomisar y recuperar de manera ágil los bienes adquiridos por actos de corrupción y otros ilícitos.

De inmediato, los autores  del proyecto  saludaron la valoración y el interés  de  Medina de esta pieza. “En resumen, queremos esa ley para despojar para siempre de la riqueza mal habida a todos aquellos que cometieron actos ilícitos. Dicho con claridad: queremos esa ley para devolverle ese dinero al pueblo dominicano que paga sus impuestos”, dijo Medina en su discurso de rendición de cuentas desde el Congreso Nacional.

El presidente  informó que una  modificación a la ley de lavado de activos, para aumentar las sanciones, incrementar la supervisión y ampliar las actividades que se consideren delitos procedentes de esas actividades ilícitas.

Los senadores.

Los representantes de Monte Plata, Santiago, Elías Piña y Santiago Rodríguez, mostraron su satisfacción de que el presidente se refiriera al proyecto, en razón de que  “el derecho de propiedad no puede gozar de protección constitucional ni legal cuando recaiga sobre bienes obtenidos de actividades ilícitas”.

El proyecto, que había perimido en la Cámara de Diputados, fue introducido en tres ocasiones en el Senado por los legisladores, con los números 1763-2014, 2196-2015 y 02556-2016, y ahora cursa nuevamente en la comisión de justicia y derechos humanos, que preside el senador Arístides Victoria Yeb.

Esta iniciativa consigna que luego de reducidos los gastos a los bienes decomisados, los recursos cuando provengan del narcotráfico, distribución y consumo, serán distribuirán un 25% a la Procuraduría General de la República, 25% al Consejo Nacional de Drogas, 25% a la DNCD, 15%) a las ONG’s que trabajan en labores de prevención y/o regeneración de consumo y un 10% a la Policía Nacional.

En el proyecto de ley se explica que cuando en el proceso de investigación de la infracción hayan participado autoridades de otros países u organismos internacionales, el Estado dominicano, podrá convenir con los demás Estados u organismos internacionales el destino y distribución del producto de los bienes decomisados.

Mariotti y Cruz puntualizaron que “la jurisdicción en materia de extinción de dominio es ejercida, en todos los casos, por los jueces de la instrucción”, de manera que el ministerio público no podría disponer de la pérdida del derecho de propiedad, sino que atendiendo a los artículos 30 y 31, procederá a reunir y suministrar todas las pruebas, y hará las diligencias necesarias para dotar al juez del inventario y las pruebas de su pedimento”.

Mientras que Sánchez Roa y Valentín revelaron que con el proyecto se podrá suprimir, mediante la decisión de un juez, el derecho de propiedad de los bienes obtenidos ilícitamente, ya que el derecho de propiedad no puede gozar de protección constitucional ni legal cuando recaiga sobre bienes obtenidos de actividades ilícitas.