Por Osiris de León
Considerando que la ciudad de Santo Domingo ha crecido de manera extraordinaria y ya alcanza los 3.2 millones de habitantes.Considerando que el saneamiento básico siempre debe caminar de la mano con el suministro de agua potable, ya que ambos servicios son fundamentales para la salud de la población creciente.
Considerando que el crecimiento vertical de Santo Domingo ha complicado el problema de la disposición final de las aguas cloacales, las que por falta de un servicio sanitario descargan diariamente siete mil toneladas de excrementos, que a través de improvisados pozos filtrantes van directamente hacia las mismas aguas subterráneas que aprovechamos y captamos a través de pozos para complementar el servicio de agua potable.
Considerando que las descargas directas desde los inodoros hacia las aguas subterráneas contaminan las aguas subterráneas y producen múltiples enfermedades hídricas cuyos tratamientos cuestan mucho dinero al Estado dominicano, cuestan mucho dinero al sector privado por ausentismo laboral, y cuestan mucho dinero a las personas que se enferman.
Considerando que ese vertido cloacal residencial no tratado, contamina las aguas subterráneas y viola los Art. 82 y 134 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Considerando que la construcción de un alcantarillado sanitario para Santo Domingo, junto a sus plantas de tratamiento de aguas servidas, no debe, ni puede, ser postergada por más tiempo ya que cada día que pasa el problema se agrava, y se hace más crítico y más costoso.
Considerando que si bien es cierto que el Estado dominicano no dispone de todos los recursos económicos necesarios para ejecutar estas obras, no menos cierto es que el Estado dominicano puede asociarse con el sector privado para construir alcantarillados sectoriales y plantas de tratamiento de aguas servidas, y que estas inversiones y sus costos operacionales serían amortizados con el pago de los servicios provistos a los ciudadanos.
Considerando que la construcción de los alcantarillados sanitarios sectoriales y sus plantas de tratamiento repercutirán positivamente en la salud y en la calidad de vida de todos los ciudadanos que hoy habitan en la ciudad de Santo Domingo.
El Congreso Nacional, en nombre de la República, debe dar la siguiente ley:
Art. 1.-Se declara de urgencia la descontaminación de las aguas subterráneas de la ciudad de Santo Domingo y se crea el Programa de Administración del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Distrito Nacional, bajo la jurisdicción de la CAASD.
Art. 2.-Se autorizan los proyectos de construcción de sistemas sectoriales de recolección de aguas cloacales para servir a los usuarios de los diferentes polígonos de Santo Domingo.
Art. 3.- Se establece la obligatoriedad de la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas, las cuales estarán ubicadas en los lugares más adecuados para garantizar el correcto servicio y el fiel cumplimiento de la Ley Ambiental 64-00.
Art. 4.- El Poder Ejecutivo, y sus autoridades responsables del Programa, una vez planificado el proyecto, y sus subsistemas, convocará a las empresas privadas nacionales y extranjeras para su participación en el financiamiento de la construcción y operación de los sistemas sectoriales.
Art. 5.- La administración del sistema estará bajo la responsabilidad de la CAASD.
Art. 6.- La CAASD dispondrá el cobro de los servicios de recolección de las aguas residuales provenientes de toda edificación donde se produzcan efluentes sanitarios, mediante el cobro directo a los usuarios, y los beneficios de cada subsistema serán distribuidos en partes iguales entre el Estado y la empresa privada participante en cada alcantarillado de cada polígono.
Art. 7.- A partir de la fecha de entrada en servicio de cada sistema de alcantarillado sanitario sectorial queda totalmente prohibida la construcción de nuevos pozos filtrantes sanitarios, así como el uso de los pozos filtrantes construidos para descargas sanitarias al subsuelo de Santo Domingo.
Esta es la única opción para resolver el grave problema de la falta de alcantarillado sanitario.
