DIDA intimada ARS por no defender afiliados

Publicado el 17 Jul 2017 - 12:59pm por Jorge Martinez

Hablando en rueda de prensa, la directora Nélsida Marmolejos precisó que solo éste año el Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, ha consignado la suma de 1,986 millones 693 mil 976 en el Programa de Ayuda para Enfermedades Catastróficas no cubiertas por el Seguro Familiar de Salud, dinero que, podría utilizarse para construcción y mejoramiento de infraestructura, equipamiento de hospitales, entre otras necesidades de ese sector que beneficiarían las personas más vulnerables.

Agregó que en los años 2014, 2015,2016 las erogaciones del gobierno en el programa de Medicamentos de Alto Costo, fueron en aumento hasta quedar situada en la cifra referida anteriormente.

La funcionaria, calificó de insólito el acto enviado por las ARS toda vez que, pese a las gestiones para que se cumpla la resolución 375-02 ratificada mediante la 395-01 por el Consejo Nacional de la Seguridad (CNSS), incluyendo la integralidad en la atención de las enfermedades catastróficas en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Sistema Dominicano de Seguridad Social, no está cumpliendo y eso es lo que ha generado la presión de los afiliados en nuestras oficinas.

Dijo que la reticencia a las citadas resoluciones ha ido en aumento ocasionando que las oficinas de la DIDA en la capital y las provincias se abarroten diariamente de afiliados quejándose de denegaciones de servicios y solicitando Cartas de no Cobertura para pedir ayudas a prestaciones englobadas en la integralidad lo que ha llevado al Gobierno a tener que hacer cuantiosas erogaciones para resolver el problema a los enfermos.

Marmolejos manifestó que es cuestionable recibir un acto de alguacil de esa naturaleza, pues la DIDA tiene constancia de que la mayoría de esas administradoras a requerimiento, claro está, han estado autorizando las coberturas a casos relacionados con la integralidad, entre estas: Primera ARS de Humano, ARS SIMAG, ARS Monumental, ARS Yunén y ARS Constitución, solo ARS Palic y ARS Universal no están cumpliendo el mandato de la citada resolución, en el caso de la última, se ha insubordinado al no acatar las disposiciones de la SISALRIL ni la del CNSS.

La directora de la entidad defensora de los afiliados de la seguridad social señaló que, lo grave de la situación, es que tienen casos autorizados tanto por la SISALRIL como por el Consejo, a favor de la integralidad que algunas de esas ARS desconocen vulnerando el derecho a los asegurados que, en ocasiones, han pagado con su vida el incumplimiento de las disposiciones. Las evidencias de esos casos de este tipo reposan en la institución y están disponibles para quienes los requieran.

“Estamos hablando que a diciembre del año 2016 el total de afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) en el Régimen Contributivo es de 3 millones 699 mil 816 y que desde septiembre del 2007 al inicio de este seguro con un PDSS provisional hasta diciembre del 2016, la se ha erogado 230 mil, 245 millones, 736 mil 022.00 y sigue vigente el mismo PDSS del inicio del SFS, que estaba acordado por un año; Nos preguntamos, ¿Cuáles son los beneficios que han tenido los afiliados con esa cantidad de dinero?” cuestionó Marmolejos.

Aclaró que la DIDA siempre ha sostenido que la salud es un servicio que quienes tienen capacidad contributiva deben pagar su costo sin embargo no es un bien de consumo y llamó a “las ARS a reconsiderar su actitud para permitir una mejor gobernabilidad social del Sistema y el bienestar de los afiliados”.

La funcionaria dijo estar sorprendida de que entidades del Sistema en momentos en que la SISALRIL, ante el aumento de los reclamos de los afiliados, los cuales tramita la institución, llame a las ARS a una concertación y la respuesta es arremeter contra la entidad defensora de los derechos del afiliado.

Marmolejos manifestó que las ARS son parte del SDSS incluyendo las afiliadas a la ADARS y tienen la prerrogativa de expresar sus consideraciones y hacer valer sus derechos, sin embargo, este recurso además de ser improcedente, mal fundado y carente de base legal como se aprecia, sienta el precedente de que a partir de la fecha, se judicialicen los procesos de la seguridad social.

“Somos reiterativos en afirmar que el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene los mecanismos suficientes que si actúan con oportunidad, pueden evitar estos procesos, nótese que ni siquiera se está tratando de un conflicto entre afiliado y ARS si no que son instancias del sistema intimando a instancias del sistema”.

Apuntó que “Una de las acusaciones de las ARS afiliadas a la ADARS es que esta entidad está incitando a los afiliados a demandar judicialmente a esas instituciones, afirmación que se contradice con lo que ha sido nuestro accionar y nuestras peticiones formales y amigables.

“Si hay una entidad contraria a la judicialización de la seguridad social es la DIDA, a tal punto que por los problemas generados por el tema de atención integral, en agosto del año 2016, solicitaron al Superintendente de Salud y Riesgos Laborales propiciar un diálogo entre los actores del sistema a fin de que se mantuviera una política de concertación que evitara la cantidad de dificultades que se estaban suscitando con la disposición, porque afectaba la credibilidad del Sistema” precisó.

Sostuvo que también, posteriormente, mediante comunicación formal, pidieron la intervención del Ministro de Trabajo y Presidente del Consejo, José Ramón Fadul, que convocara los actores del Sistema en busca de una solución que evitara la situación producida con el incumplimiento de la resolución 375-02.

“Este acto es un desatino jurídico cuyo contenido entra en contradicción con todos los preceptos y ordenamientos legales que regulan el Sistema al intimarnos a no defender a los afiliados afectados con el no cumplimiento de la resolución 375-02 ratificada con la 395-01 que constituyen una de las reivindicaciones más importantes del Seguro Familiar de Salud en procura de garantizar la protección integral de los afiliados” expresó Marmolejos.

Resaltó que el grupo de ARS de la ADARS entre sus argumentos, supuestamente legales, utilizan subterfugios intentando neutralizar el rol de la institución, afirmando haber interpuesto recursos de reconsideración (no de apelación), que fueron sometidos en fecha anterior a que el CNSS ratificara en todas sus partes la resolución 375-02 con la 395-01, por lo que ese argumento no tiene validez mientras que la citada resolución tiene plena vigencia.

Refiriéndose a la interpretación que hace la DIDA al acto de alguacil, Marmolejos manifestó que: “Esta entidad lejos de sentirse consternada por el acto aprovecha para llamar a las ARS a que hagan más viable el fortalecimiento del Sistema y cultivemos mayor y mejor clima de convivencia entre quienes propician y administran el servicio”, concluyendo sus declaraciones.

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