SERVIO TULIO EN ESFERASANTO DOMINGO, RD.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó como un hecho bochornoso y vergonzoso, el originado en el presunto robo de drogas incautadas en operativos realizados por fiscales y la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía, para luego presuntamente comercializarlas.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV,  afirmó que en esta ocasión el Estado se comportó como un delincuente.

“Lo primero es que no hay dudas que fue un hecho bochornoso, vergonzoso, esa es la realidad”, recalcó. Advirtió que cuando se originan situaciones como esas, el Estado pierde su autoridad frente a la ciudadanía, panorama que facilita que sobrevenga el caos.

“En esta ocasión el Estado se comportó como un delincuente, esa es la realidad, se comportó como un delincuente, porque de una u otra forma lo ha expresado el Procurador”, enfatizó.

Castaños Guzmán recordó que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ha dicho que quienes tenían que velar por la custodia y el debido proceso, “prácticamente, dice el Procurador, se convirtieron en narcotraficantes, y eso es grave”.

“Nosotros le hemos puesto mucha atención a ese caso, porque, entre otras cosas, el propio Procurador General de la República ha dicho que él cree, dado lo que ha sido el desarrollo de las investigaciones, que parecería que esa no es la primera vez que pasaba eso”, adujo.

Castaños Guzmán planteó que casos como el de la DICAN reflejan debilidades institucionales y falta de controles. Sostuvo que ha visto que una de las instituciones que más ha sufrido con el caso es la Policía Nacional.

“A mi juicio, yo creo que el principal responsable fue el Ministerio Público, que a fin de cuentas es el que dirige, era el que tenía que velar por la seguridad de lo que se incautó”, recalcó.

El jurista cree que el que más ha perdido ha sido el Ministerio Público en el proceso, pero afirma que ha visto un Procurador General que quiere reivindicar todo esto, lo cual debe ser saludado.

Entiende que lo que se debe hacer frente a estos hechos, que han sido recurrentes, es realizar una reingeniería la que en su opinión debe comenzar con la Policía Nacional y continuar con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Castaños Guzmán manifestó que desde el punto de vista institucional, la Policía anda suelta y le está faltando una serie de elementos que puedan garantizar controles, la naturaleza civil de la uniformada y que sus miembros sean de carrera.

Reveló que un 70% de los policías no pertenecen a la carrera policial.

“Se requiere una reforma institucional de nuestra Policía Nacional, para que no sucedan situaciones como estas, o por lo menos para que la podamos blindar”, subrayó.

Sostuvo que se necesita una policía de investigación, que acompañe al Ministerio Público, “no que ande haciendo travesuras, que es lo que refleja el caso de la DICAN”.

Consideró que la DICAN no debe desaparecer, porque lo que debe hacer la Policía es una función preventiva, en lo concerniente al microtráfico y que los uniformados estén atentos con lo que pasa en los barrios.

Dijo que hay que deslindar muy bien esa función, frente al papel de la DNCD, que es el del narcotráfico, la cual debe seguir haciendo su trabajo.

Se preguntó dónde estaba la DNCD, cuando se produjo el supuesto robo de drogas durante el operativo de la DICAN, porque el alegado tumbe no fue de naturaleza del microtráfico, sino que se está hablando de más de 1,000 kilos de cocaína.

Indicó que por la cantidad de kilos, era a la DNCD que le correspondía estar atenta sobre lo que estaba pasando ahí.

Manifestó que la DNCD anda suelta también, por lo que abogó porque la misma sea adscrita a la Procuraduría General de la República, porque instituciones como la DEA son dependencia del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos.

 

Destaca papel de DM con Código Procesal Penal

 

El vicepresidente ejecutivo de la Finjus  manifestó que esa entidad está totalmente de acuerdo con las 25 observaciones que el presidente Danilo Medina hizo a la reforma del Código Procesal Penal, porque con ella se eliminan figuras aberrantes en la normativa.

Cita entre ellas todo lo que tiene que ver con las atribuciones de los jueces unipersonales, a los cuales la reforma hecha por el Congreso Nacional le daban atribuciones para conocer casos cuyos delitos no sobrepasen los 10 años.

“Eso es muy delicado, porque por ejemplo en materia de lavado de activos  hay delitos que no sobrepasan los 10 años, entonces es mejor que sean tribunales en donde estén conformado por tres jueces”, subrayó.

Las observaciones del presidente Danilo Medina bajaron a cinco años esas atribuciones de los jueces unipersonales.

Explicó que son muchos los aspectos técnicos que tienen las observaciones del mandatario, lo cual significa un paso de avance.

Comentó que habiendo pasado la primera y la segunda legislatura, que concluyó a principios de la semana que transcurrida, no hay dudas que las observaciones del Presidente se consideran como parte del contenido del nuevo Código Procesal Penal.

Castaños Guzmán sostuvo que el trámite que sigue y como no hay un procedimiento todavía definido, existen dos posibilidades.

Cita que una de ellas es que el gobernante solicite una certificación al Senado, sobre el comportamiento del trámite legislativo de las observaciones y proceder a su publicación.

“Es decir, publicar lo que se había conocido en principio, introduciéndole el contenido de sus observaciones, o el Senado de la República, que es ahí donde están las observaciones, proceder a hacer las introducciones respecto de las observaciones que hizo el Presidente de la República y remitirla al Presidente de la República”, argumentó.

Puntualizó que existe un Código Procesal Penal reformado y la Finjus está pendiente de que el gobernante proceda a su publicación.

 

La inconstitucionalidad del Código Penal

Castaños Guzmán vaticinó que el Tribunal Constitucional declarará violatoria de la Constitución de la República la aprobación de la reforma del Código Penal, porque a lo interno de la Cámara de Diputados se originaron una serie de situaciones irregulares.

Afirmó que en el mecanismo utilizado por ese hemiciclo, se desconoció el sistema bicameral existente y las atribuciones del Senado de la República.

“Nosotros no podemos crear ese tipo de precedentes, porque el día que no sea así tu puedes estar seguro que se va a dar una crisis institucional a lo interno del Congreso”, acotó.

Indicó que no cuestiona el contenido del Código Penal, sino la forma en cómo se manejó la pieza legislativa a lo interno del Congreso.