SANTO DOMINGO,RD.-El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, informó este viernes que fueron superadas las acciones de transparencia de las instituciones estatales programadas en junio pasado como meta trimestral por la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC). El funcionario expuso en el tercer y penúltimo taller de Rendición de Cuentas y Seguimiento del IPAC y sus representantes de de la sociedad civil, de organismos públicos y de agencias de cooperación, entre otros la directora Gerente General del Banco Mundial, Sri Mulyani Indrawati, quien visita el país. La Iniciativa es un mecanismo integrado a petición del gobierno por organismos internacionales en el que la sociedad civil evalúa el cumplimiento de las metas del gobierno en reducir la corrupción, sobre todo en las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras.

La presentación del cumplimiento es a través de los colores de las luces de los semáforos que otorga al verde el cumplimiento, al amarillo una acción en curso pero no concluida y el rojo para indicar incumplimiento, explica una nota de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Montás, quien dio apertura al taller, se refirió a los retos y desafíos del IPAC e informó del cumplimiento de 40 de las 70 acciones que estaban incumplidas en junio (57%), cifra superior a la meta de 50% que se había programado que fueran cumplidas durante el trimestre julio-septiembre.

Interpretó esos resultados como evidencia de que sí se puede coordinar acciones entre instituciones públicas “para resolver cuellos de botella que impiden que las cosas se hagan”, y dialogar con la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional para presentar de forma transparente lo que se está haciendo.

“Hemos visto que acordar una agenda de trabajo entre gobierno, sociedad civil y organismos de la cooperación, con tareas en general claramente definidas y sin ambigüedades, facilita la labor de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas”, comentó-

El ministro indicó que las diez mesas de trabajo que integran la Iniciativa han permitido identificar dónde están los nudos que traban los procesos y cuándo es necesario propiciar acercamientos entre actores para limar posiciones enfrentadas sobre un problema.

Empero, percibió que el IPAC tiene desafíos que no pueden ser minimizados, como el hecho de que una parte significativa de las iniciativas no sólo requieren de acciones del Poder Ejecutivo sino también del Legislativo, como la aprobación de las leyes de agua, agua potable y saneamiento, así como la aprobación de leyes sobre administración y macro estructura del Estado.

Otros desafíos que dijo han sido detectados son los vacíos legales que requieren mandatos legales más explícitos, como los de difusión de información vía Internet de las auditorías de la Cámara de Cuentas, la Contraloría y la Dirección General de Compras y Contrataciones.

El tercero y “gran desafío” citado por el ministro Montás es que se pueda implementar efectivamente la Cuenta Única del Tesoro y la conversión del Portal de Compras en Portal Transaccional, que requieren no sólo de una firme voluntad política, sino también de desarrollos informáticos y procedimentales que por el tiempo quizás rebasen este año.

“En este último trimestre de la IPAC, el gran reto es mantener el momentum para que podamos llegar a diciembre diciendo que el 100% de las acciones que nos comprometimos a realizar se han ejecutado o están en una etapa muy cercana de completarse”, auguró.

Consideró que para avanzar hacia la construcción de una institucionalidad en la que los esfuerzos del gobierno, la sociedad civil y la comunidad cooperante se orienten al logro de resultados que redundan en beneficio del país, es necesario que al final de la IPAC  se haga la debida evaluación de todo el proceso para identificar aspectos efectivos y que necesitan consolidarse, modificarse o mejorarse.

Montás dijo que la participación de todos esos sectores en la Iniciativa tiene un valor incalculable en estos momentos en que el Congreso debate el proyecto Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que para ser implementada necesitará de una unidad de esfuerzos entre el gobierno, la sociedad civil y los organismos cooperantes.