La aparición de al menos 116 cuerpos en fosas clandestinas en Tamaulipas, al noreste de México, ha hecho que algunos se pregunten si el gobierno perdió el control en ese estado fronterizo con Estados Unidos, por donde cruzan más de la mitad de las exportaciones de México a su principal socio comercial.
Podría ser la mayor masacre desde que se intensificó la lucha contra el narcotráfico, pero no es el número lo que asombra sino el sitio donde ocurrió.
Las fosas clandestinas fueron localizadas en el municipio de San Fernando, donde en agosto pasado fueron asesinados 72 migrantes indocumentados.
Tras la matanza el gobierno desplegó a cientos de soldados, infantes de marina y policías federales para resguardar la seguridad de Tamaulipas y el vecino estado de Nuevo León.
Meses después, la situación no parece haber cambiado. Decenas de personas que viajaban en autobuses fueron secuestradas por el cartel de Los Zetas, uno de los más peligrosos de México y Centroamérica.
Los secuestros masivos ocurrieron en una zona que se suponía vigilada por las fuerzas de seguridad. Algunas de las víctimas podrían haber terminado en las fosas clandestinas.
Así, algunos empiezan a preguntarse si la situación en Tamaulipas se encamina a un virtual estado fallido.
El gobernador Egidio Torre Cantú dijo que la creciente violencia amenaza no sólo al estado, sino a la estabilidad del país.
“Estamos ante un problema de vulneración de la seguridad pública en el estado, pero también ante una situación que afecta la seguridad interior de México”, dijo.
El olor de las masacres
En 2009 Tamaulipas registró 90 muertes vinculadas con enfrentamientos de la delincuencia organizada. Un año después la cifra creció hasta superar las 1.200 víctimas, según la base de datos del gobierno federal.
Los números se explican por la guerra entre los carteles de Los Zetas y el del Golfo, que fueron aliados hasta hace poco más de un año.
De hecho, la procuradora (fiscal) General de la República, Marisela Morales, responsabilizó a Los Zetas de asesinar a las personas sepultadas en las fosas clandestinas.
La violencia se esparció por el estado. En Ciudad Mier, un pueblo turístico cercano a la frontera, casi todos sus habitantes huyeron ante amenazas de sicarios.
El comercio en el puerto de Tampico se paralizó durante varios días por enfrentamientos en el centro de la población, mientras que en la capital, Ciudad Victoria, fue asesinado el candidato con más posibilidades de convertirse en gobernador, Rodolfo Torre Cantú.
Lugares como San Fernando se han convertido en pueblos aterrorizados.
En el ayuntamiento local no aceptan entrevistas con los medios por razones de seguridad. Y otros apenas se atreven a compartir su miedo.
“Empieza a oler raro por la funeraria, que está relativamente cerca de donde pasamos”, le dice en conversación telefónica a BBC Mundo una habitante que prefiere mantener el anonimato, cuando se le pregunta cómo se enteran de las masacres.
“Se empiezan a ver las calles llenas de soldados, de marinos, policías federales”, añade. “Nadie sale de noche, ni después de las 7 de la tarde. Los negocios están cerrados, muchos, muchos se han ido”.
Razones políticas
“Empieza a oler raro por la funeraria, que está relativamente cerca de donde pasamos… Nadie sale de noche. Los negocios están cerrados, muchos, muchos se han ido”
Habitante de San Fernando cuenta cómo se enteran de las masacres
Algunos no dudan que las autoridades están en riesgo de perder a Tamaulipas.
“Ni el gobierno estatal ni el federal tienen control territorial ni de la seguridad”, le dice a BBC Mundo Alberto Islas, analista en temas de seguridad.
“Tampoco tienen la potestad de cobrar impuestos. Los grupos criminales son más efectivos haciéndolo”.
La situación es crítica, añade Samuel González, quien fuera el primer fiscal contra delincuencia organizada en la historia del país.
“Es una verdadera guerra entre narcos que está fuera control del estado. La debilidad estatal los dejó guerrear y esto son los resultados”, dice en conversación con BBC Mundo.
El gobierno federal ha dicho que la inseguridad se concentra en algunos municipios del estado y que se han conseguido avances en la lucha contra los carteles.
También insiste en que las críticas a su estrategia tienen razones políticas, en momentos que México se acerca a la elección de un nuevo presidente en 2012.
Por lo pronto, algunos creen que las autoridades se percataron de la magnitud del problema, lo cual puede ser positivo, le dice a BBC Mundo el escritor Héctor Aguilar Camín.
“Están empezando a ser reconocidos los hechos que hace mucho tiempo hay en ese estado. Eso me parece un buen síntoma”, concluye.