SANTO DOMINGO, RD.– El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, sigue cortante en sus ataques en contra del desenvolvimiento de los jueces, y esta vez, una denuncia suya sobre supuestos actos de corrupción en tribunales dominicanos ha desatado una “caja de pandora” que ha dado como consecuencia la suspensión, y probable destitución, de varios magistrados que actualmente son investigados por el Consejo Poder Judicial
El magistrado Francisco Valera Arias, junto a otros cuatro jueces acusados por el Ministerio Público de presunta vinculación a “una estructura dedicada a manipular procesos judiciales”, dijeron ayer “somos inocentes” y que están dispuestos a ser investigados porque no tienen vinculación alguna con las acusaciones hechas por el procurador general, Francisco Domínguez Brito.
El magistrado Valera Arias, quien dijo hablar también en nombre de sus compañeros jueces suspendidos, lamentó que su nombre haya sido incluido en un listado dado a conocer por el procurador general, porque con ello se le afecta y a su familia.
“Vamos a esperar lo que diga la investigación, porque de acuerdo a la Constitución, desde el Presidente hasta el ciudadano más pequeño es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Somos personas de bien, nuestra familia sufren esto, nuestros padres y familiares”, sostuvo Valera Arias.
Mientras, al respecto, el abogado Fernando Pérez Vólquez sostuvo que: “En esta acusación lo que hay son acciones jurisdiccionales, incluso datan de siete años”.
Aclaró el ex presidente del Colegio de Abogados que defiende a los jueces suspendidos “por amistad y solidaridad de la toga y el birrete”.
Sobre la investigación que ha solicitado el procurador general Domínguez Brito, Pérez Vólquez dijo que “vamos a ver que traerá”.
Igualmente, los magistrados Awilda Reyes Beltré, jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional; Elio Germán Figueroa, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; José Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo; Roso Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo y Víctor Mejía Lebrón, juez de la Cámara Penal de Apelación de la misma jurisdicción, también dijeron ser inocentes de toda acusación que les hace el Ministerio Público.
También, el ex juez titular del Tribunal de Ejecución de la Sanción de la Persona Adolescente de San Pedro de Macorís, Efraín Silva Mercedes, consideró su destitución como “un abuso de poder” del Consejo del Poder Judicial, tras considerar que los argumentos que presentan en su resolución de destitución están fundamentados en la injusticia y violación a los derechos humanos.
Atribuyó su separación de la Judicatura a un plan orquestado desde hace mucho tiempo por la doctora Rosalinda Richez con el apoyo del inspector al servicio del Poder Judicial, Alvis Cuevas.
“El origen de mi cancelación no se produce por falta dentro del Tribunal de la Ejecución al que pertenecía, ya que estaba haciendo un trabajo ejemplar y en los 17 años que estuve como juez en esa corte he sido uno de los jueces que tiene una evaluación sobre los 98 y 99 puntos”, sostuvo Silva Mercedes.
Los suspendió el Poder Judicial
Los cincos jueces suspendidos y enviados a juicio disciplinario son José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, como consecuencia del informe rendido por la Inspectoría General del Poder Judicial en el caso penal seguido al señor Julio Alfredo Rondón Abreu.
Además, la magistrada Reyes Beltré y al magistrado Delio Germán Figueroa, tras la denuncia del Ministerio Publico en su informe donde solicita el inicio de un proceso de investigación en su contra por alegadas faltas graves en sus labores judiciales.
En la citada sesión, dice la instancia, a solicitud del presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, se remitió a la Inspectoría General del Poder Judicial, para fines de investigación, sobre las circunstancias que dieron origen a la decisión del caso penal seguido a los colombianos acusados de narcotráfico Huber Osualdo Buitrago Ruiz, Ángel María Buitrago Vacca y Dersidila Ambalina Patrone Ortiz, rendida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal.
De acuerdo a la instancia de Domínguez Brito, la alegada estructura manipulaba procesos y negociaba libertades de personas ligadas al narcotráfico y el crimen organizado, principalmente en las áreas del lavado de activos, el sicariato y la corrupción.
El expediente o instancia del Ministerio Público, de 15 páginas, en las que pone como asunto el informe de inicio de investigación penal pública, jueces y ex jueces del Poder Judicial, por hechos de presunta prevaricación, el procurador incluye en la alegada estructura a los jueces Reyes Beltré, Duvergé Mejía, Germán Figueroa, Vallejo Espinosa y Mejía Lebrón.
De acuerdo al citado informe, el magistrado Arias Valera es mencionado como la persona que supuestamente contactó e influyó, a cambio de alegadas altas sumas de dinero, para que la jueza Reyes Beltré emitiera varias decisiones, entre ellas la sentencia de hábeas corpus NO.151-2015, mediante la cual ordena la libertad del regidor de Pedro Brand, acusado de sicariato, Erinson de los Santos Solís (Ney).
