SANTO DOMINGO, RD.-Voces de diferentes sectores de la Sociedad Civil, el Ministerio Público, y partidos políticos se levantan en contra de la modificación del párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal, al quitarle la prerrogativa al ciudadano de querellarse contra los funcionarios y ex funcionarios que supuestamente hayan cometidos actos de corrupción en el Estado.
Se recuerda que el proyecto que modifica la Ley 76-02, del Código Procesal Penal, aprobado por el Senado de la República en la sesión del pasado miércoles 26 de marzo, espera ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La última demostración de ese rechazo se presenció el pasado sábado en el Parque Independencia, donde cientos de personas agrupada en organizaciones de la Sociedad Civil pidieron al presidente Danilo Medina la no promulgación de la modificación del Código Procesal Penal, por entender que con ello se vulnera claramente el derecho del pueblo de querellarse contra un servidor público que se demuestre robó al fisco.
Vistiendo franela negra y con pancartas que decían “respeten nuestros derechos”, los ciudadanos mostraron su molestia y recordaron que el párrafo III del artículo 85 fue un logro de la Sociedad Civil que se introdujo en la reforma del Código Procesal Penal del año 2002.
Se sumó también a las voces de reclamaciones Yeni Berenice Reynoso, procuradora fiscal del Distrito Nacional, quien calificó de retroceso la eliminación del tercer párrafo perteneciente al artículo 85 del Código Procesal Penal.
Indicó que esa decisión es un desconocimiento de un derecho legítimo que tiene que tener un ciudadano en una sociedad democrático, ya que el denunciante no es parte del proceso y querellante sí, por lo cual este último puede objetar un archivo dado por el Ministerio Público, recurrir las decisiones y presentar una acusación diferente.
“En un Estado democrático de derecho todo el mundo debe tener la calidad para querellarse en contra de las personas que hacen uso de los recursos públicos”, sostuvo.
Afirmó que no es necesario que exista un temor por parte de los funcionarios públicos de sufrir querellas temerarias, abusivas o extorsionadoras, siempre que existe la oportunidad que el mismo de demandar o iniciar un proceso por la misma vía.
La Ley establece: “En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en la violación de los derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante”, puntualizó.
Asimismo, la corriente del PRD Mayoritario solicitó al presidente Danilo Medina la observación y devolución al Congreso Nacional del proyecto de Ley que modifica el Código Procesal Penal, con el propósito de que sea rediscutido en vistas públicas, donde la sociedad aporte ideas y conceptos.
La doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, y el ingeniero Ramón Alburquerque, ex presidente del Senado, dijeron que si se promulga el Código Procesal Penal sin ser observado, no se podría enfrentar la corrupción y la impunidad en el Estado dominicano.
“Importantes sectores de la vida nacional entienden que el CPP requiere de cambios a fin de dotar las autoridades de un marco jurídico más ágil y eficaz que castigue y reprima los delitos con eficacia, y el proyecto de ley aprobado recientemente, parece suscitar más preocupaciones que las que intenta solucionar, para lo cual basta
con estudiar el amplio listado de objeciones que tiene”, puntualizaron.
En ese mismo tenor, Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, advirtió que con la eliminación del párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal los legisladores y la cúpula que los dirige buscan despojar a la ciudadanía de la facultad de defender el patrimonio público.
Dijo que luego de ser aprobado, durante la reforma del 2002, el artículo 85 “ha sido la única vía disponible para que los ciudadanos y ciudadanas puedan accionar penalmente contra la fortaleza de impunidad.
