Por Juan Cruz Triffolio
Un parte periodístico internacional da cuenta de que el gobierno de Malasia se aboca a legislar y penalizar la divulgación de noticias falsas a través de los medios audiovisuales de publicidad, incluyendo las vallas ubicadas en las principales avenidas.
La medida prevé hasta seis años de prisión por publicar o circular información que sea engañosa y no castigaría a quienes son los responsables de la desinformación, sino a quien la comparta con intenciones maliciosas.
Se destaca que los proveedores de servicios en línea serían responsables del contenido de terceros en sus plataformas y cualquiera podría presentar la queja.
De igual modo, subraya la información en referencia, que las denominadas noticias falsas, generadas en otros países, también serían punibles si afectan a Malasia o los malasios.
La medida sancionaría a “cualquier noticia, información, dato o reporte que sea parcial o totalmente falso, ya sean visuales, grabaciones de audio, escritos o cualquier otro formato que sugiera palabras o ideas”.
En vista de que actualmente no está tipificado qué se califica como algo falso, se advierte, sin a hacer referencia a las consecuencias que podría emanar, que el gobierno tendrá la posibilidad de decidir qué es un hecho verídico en ese país.
Al margen de que, en sentido general, la propuesta podría lucir interesante, tomando en cuenta que “las noticias falsas se han vuelto un fenómeno global”, lo cierto es que la iniciativa legislativa en cuestión, tanto en Malasia, como en cualquier parte del mundo, una vez empiece su aplicación formal, daría paso a algunos acicates que a la postre conduciría a una significativa limitación de la libertad de expresión
No obstante, se reconoce la urgente necesidad de controles en la divulgación de las informaciones, la cual debe ceñirse a los patrones que establece la ética y la moral, no olvidando la veracidad y objetividad, tal realidad debe ser analizada y corregida luego de un ejercicio reflexivo y profundo de donde se definan herramientas cuya aplicación no afecte el libre oficio de informar.
Ha de ser evitado que en interés de un supuesto o real propósito de objetividad informativa se procesa a permitir el funcionamiento de aparente “tribunales de la verdad” dirigidos, fundamentalmente, a frenar la libertad de expresión.
En definitiva, se insiste en que ser cuidadosos en lo propuesto, no obstante se entiende que, en Malasia, como en muchos de nuestros países, las criticas, a través de los medios, no deben ser sancionadas ni por Ley ni por Gobierno, aunque las calumnias, las mentiras y las infamias, sí.
Dejemos discurrir el tiempo a ver qué realmente ocurre entre los malasios, para luego asimilar los aciertos y desaciertos que podría traer su modelo propuesto para limitar o dar fin a las denominadas “noticias falsas”.
Esperemos pues….
