SANTO DOMINGO, RD.- El Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes-SJRM/Bonó- rechaza los operativos de repatriaciones masivas que lleva a cabo, en diversos puntos del país, la Dirección General de Migración con el argumento de prevenir el cólera.
Entiende que estas acciones no son efectivas para evitar el avance de la epidemia, sino que socavan el Estado de Derecho, dan lugar a la violación de los derechos humanos de las personas migrantes, promueven el racismo, y generan pérdida económicas a los transportistas, a los usuarios del transporte público y la producción nacional en sentido general.
El servicio Jesuita, recuerda a las autoridades migratorias que las redadas y demás violaciones al derecho a la libertad personal, están prohibidas por el Código Procesal Penal dominicano y la Constitución de la República.
Así mismo, señala que la ley de Migración no le otorga a la Dirección General de Migración la facultad de inspeccionar los medios de transporte nacionales, ni de obligar a los choferes y cobradores de vehículos de transporte público a fungir como agentes de migración, para que no permitan el abordaje a personas extranjeras que no presenten documentación migratoria.
También denuncia que en estos procesos de repatriaciones las autoridades actuantes, siguen claramente un perfil racial para decidir quienes deben ser detenidos y en muchos casos ni siquiera verifican la documentación migratoria de los/as extranjeros/as antes de conducirlos a abordar la Guagua.
“Es inaceptable que en estos procesos se continúen violando los principios constitucionales de presunción de inocencia, libertad de tránsito y de no discriminación y estos operativos no respetan los criterios de evitar la separación de familias, protección de los bienes, de no retención de documentación, ni de notificación a las autoridades consulares en un plazo razonable”. Indica la entidad
Expresa también que se ha verificado que en el centro de retención no se garantiza una adecuada alimentación, ni existe un registro de los inmigrantes que ingresan al recinto, ni de los que egresan repatriados y toma por ejemplo, la región del Cibao, donde se ha confirmado que los inmigrantes apresados, son repatriados inmediatamente sin pasar siquiera por un centro de retención y depuración, sin tener la oportunidad de certificar que están en proceso de regularización, como ha ocurrido en algunos casos.
Considera que el incumplimiento de los criterios básicos establecidos de proteger la dignidad humana, en las repatriaciones monitoreadas, no se respeta el derecho a la asistencia legal y en otros casos el número de transportados es excesivo por la capacidad de carga del vehículo y se recurre al uso de la fuerza, y se “macutea” los/as inmigrantes.
Exhorta a las autoridades migratorias del país a diseñar e implementar una política migratoria clara, coherente con la realidad de los flujos migratorios del país y que integre de manera dinámica las prácticas y procedimientos de las instituciones responsables.
Finalmente, Propone al Estado dominicano, poner en marcha el Plan de Regularización de Extranjeros previsto en el artículo 151 de la ley General de Migración, tomando en cuenta la voluntad política, manifestada en hechos y no sólo en intensiones.
