En tal virtud, el tribunal presidido por Miriam Germ谩n Brito e integrado por Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto, Esther Agel谩n Casasnovas e Hiroito Reyes, rechaz贸 un聽recurso de casaci贸n interpuesto por el exdiputado Manuel Jim茅nez,聽quien buscaba que dicho acuerdo fuera dejado sin efecto.
El tribunal sostiene que conforme a lo establecido en el art铆culo 425 del C贸digo Procesal Penal, la casaci贸n es admisible contra las decisiones emanadas de las Cortes de Apelaci贸n en caso en que se pronuncien condenas o absoluci贸n, cuando pongan fin al procedimiento o cuando deniegan la extinci贸n o suspensi贸n de la pena.
La sentencia de la Suprema Corte se帽ala, adem谩s, que conforme al art铆culo 426 del referido c贸digo, el recurso de casaci贸n procede exclusivamente por la inobservancia o err贸nea aplicaci贸n de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos.
El recurso fue interpuesto por Jim茅nez a trav茅s de los abogados Manuel Sierra, Rigoberto Rosario y Daniel Izquierdo, en contra de la decisi贸n de los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelaci贸n del Distrito Nacional.
Ese tribunal, el 31 de mayo del 2017, declar贸 inadmisible un recurso de apelaci贸n en contra de la decisi贸n del juez del Tercer Juzgado de la Instrucci贸n, Danilo Amador Quevedo, que holomog贸 el acuerdo entre el Ministerio P煤blico y Odebrecht.
El tribunal tom贸 la decisi贸n de acoger la solicitud de autorizaci贸n para la aplicaci贸n de un criterio de oportunidad presentado por el procurador Jean Alain Rodr铆guez y el abogado representante de Odebrecht, Robert Valdez.
El acuerdo entre las partes se produjo despu茅s de que fueran allanadas las oficinas de Odebrecht en el pa铆s, e interrogados su gerente general, Marcelo Hofke, y el representante comercial, 脕ngel Rond贸n, as铆 como varios exfuncionarios de distintas administraciones.
El acuerdo contempla un pago de US$30 millones inmediato y el resto ser谩 desembolsado en ocho a帽os, mediante pagos anuales hasta enero de 2025.
