Por Arismendi Díaz Santana
El gran problema de los sistemas públicos de reparto es que, al agotarse el fondo acumulado por los jubilados y pensionados, se ven obligados a utilizar los aportes de los trabajadores activos, y cuando los mismos ya no resultan suficientes, entonces apelan a los subsidios gubernamentales.
Al utilizar los aportes de los activos, el sistema deja de acumular, de invertir para capitalizar y aumentar el fondo para el retiro. Con la reducción progresiva del fondo, también se reducen los intereses devengados, los cuales constituyen la principal fuente de acumulación de largo plazo.
En esas condiciones, la primera medida de las autoridades para enfrentar el déficit previsional es reducir las pensiones, objetivo que se logra no indexando, o actualizando a medias, el poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones. De esa forma, en términos reales, se desvanece la promesa inicial de garantizar una “pensión definida”.
Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil, para sólo citar dos países emblemáticos de América Latina. En ambos, de una u otra forma, se ha modificado, o intentado modificar la fórmula de cálculo para actualizar las pensiones, siempre para reducir su valor monetario y erosionar el nivel de vida de los envejecientes.
En Argentina, esta medida suscitó grandes protestas que fueron sofocadas por una “brutal represión”, al extremo de que el “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto negativo de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada a finales del año pasado”.
A pesar del desorden macroeconómico, el reajuste de la pensión sólo será del 7.78%. Sin embargo, las firmas consultoras privadas estiman que “la inflación del año rondará entre 45 y 50%, por lo cual, los jubilados y pensionados habrán experimentado una profunda pérdida de poder adquisitivo de hasta 20 puntos porcentuales”.
No obstante, el presidente Mauricio Macri desestimó la posibilidad de otorgar un bono de fin de año, alegando restricciones presupuestarias. “El Comité está particularmente preocupado por el impacto negativo que la reforma previsional de 2017 tiene en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares”, por lo que decidió instar al gobierno a “restablecer el cálculo de actualización” previsto en la ley anterior.
Costa Rica: Descaro de los diputados con aumento del 30% de sus pensiones, cada año
El sistema público de reparto asigna pensiones sin tomar en cuenta los aportes. Por eso, en Costa Rica, los diputados se auto asignaron una alta pensión, aumentada cada año con un 30%, acumulativo. Las autoridades eliminaron este privilegio, y un grupo de exdiputados pidió declarar inconstitucional la medida que puso límite a este “descaro socioeconómico”.
“Según las matemáticas elementales, en solo cinco años, una regla como esa lleva a ¢7.100.000 una pensión que inicialmente fue de ¢2.500.000. Y a los diez años el monto de esa pensioncita será de ¢26.500.000”. Por eso ese privilegio ha sido calificado como un “descaro”, en un editorial del diario La Nación.
Según este diario, “el sistema opera así: en un momento dado, sin que los pagadores de impuestos se enteren, se aprueba una regla como la comentada y a partir de entonces pasa a constituirse en un “derecho adquirido” que, según sus beneficiarios, no puede ser tocado. Muchos se jubilan con montos superiores a los ¢2.500.000, con un impacto de privilegios verdaderamente impresionante. Igual que aquí, agrego yo.
En Costa Rica, “muchos pensionados del sector público se jubilan a edades tempranas, tan tempranas como los 55 años —sí, de edad, no de servicio— y podrían vivir fácilmente 40 años como pensionados, extrayendo del presupuesto nacional una suma increíblemente alta, recibiendo —sin que haya aportado para ello— el ingreso de miles de otros costarricenses que se pensionan con sumas muy inferiores, pero sostenibles actuarialmente”. Que juzgue el lector.
