Información procedente de Siria señala que, tras las oraciones musulmanas del viernes, miles de personas tomaron las calles de varias ciudades del país para protestar contra el gobierno de Bashar al Asad.

La oposición en ese país denunció la muerte de 40 personas que recibieron disparos de las fuerzas de seguridad mientras protestaban en varias partes del país.

En la ciudad de Deraa, en el sur de Siria, al menos cinco personas murieron durante una manifestación en la que participaron aproximadamente 100.000 personas, señalan informes.

Hay reportes no confirmados de que las fuerzas de seguridad les habrían disparado a los manifestantes en las ciudades de Homs y Hama.

Testigos contactados por teléfono indicaron que al menos tres personas fueron alcanzadas por las balas en la capital, Damasco.

También se reportó que los cuerpos policiales usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se concentraron cerca de la capital.

Las restricciones gubernamentales a los medios de comunicación internacionales han dificultado las labores periodísticas en Siria e impiden que muchas de las informaciones e imágenes difundidas puedan ser verificadas.

Ley de emergencia

“Las reformas sólo tendrán sentido si los servicios de seguridad de Siria dejan de dispararles a los manifestantes, así como también de detenerlos y torturarlos”

Joe Stork, Human Rights Watch

El jueves, el mandatario sirio derogó formalmente la ley de emergencia que imperaba en el país desde hacía 48 años.

Grupos defensores de los derechos humanos denuncian que más de 200 personas han muerto desde que se iniciaron, el mes pasado, las protestas en la nación del Medio Oriente.

El subdirector de la organización Human Rights Watch en el Medio Oriente, Joe Stork, dijo que Asad tenía ante sí “la oportunidad de demostrar sus intenciones al permitir que las manifestaciones (del viernes) se llevaran a cabo sin violencia ni represión”.

“Las reformas sólo tendrán sentido si los servicios de seguridad de Siria dejan de dispararles a los manifestantes, así como también de detenerlos y torturarlos”, indicó Stork.

El gobierno sirio afirmó que está escuchando los planteamientos de los manifestantes y que el presidente está impulsando un programa de reformas.

Entre las implicaciones de la derogación de la ley de emergencia, están la abolición de los tribunales de seguridad del Estado y la posibilidad de llevar a cabo manifestaciones pacíficas.

“Lo mismo”

Sin embargo, existen otras leyes que, según expertos, le dan amplios poderes al Ejecutivo para detener activistas y suprimir la disidencia.

Imagen extraída de un video de un videoaficionado sirio que supuestamente se encuentra en DeraaTestigos aseguran que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes.

La nueva legislación le exige a los sirios que soliciten permiso del Ministerio del Interior para llevar a cabo manifestaciones.

Algunos abogados aseguran que esa normativa continúa restringiendo la libertad de reunión de la misma manera que lo hizo la ley de emergencia.

La semana pasada, Asad indicó que no habrá más “excusas” para que se desarrollen más manifestaciones, pues a la ley de emergencia se le había puesto un fin.

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No obstante analistas indicaron que un número cada vez más creciente de opositores piden la renuncia del presidente como principal exigencia.

En la ola

Las manifestaciones en Siria forman parte de la ola de protestas que han sacudido el mundo árabe desde finales del año pasado.

Las revueltas en Túnez y en Egipto terminaron con las salidas del poder de los presidentes Zine al-Abidine Ben Ali y Hosni Mubarak, respectivamente.

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El gobierno sirio ha denunciado una “insurrección armada” por parte de grupos salafistas en Homs y Baniyas, en el norte del país.

El salafismo es una tendencia estricta del Islam de corriente sunita que varios gobiernos árabes asocian con grupos militantes como al-Qaeda.

A mediados de marzo y en la ciudad de Deraa comenzaron las manifestaciones contra el partido de gobierno, Baath.

Con rapidez e intensidad se contagiaron otras ciudades.

Las movilizaciones populares de las últimas semanas representan la más contundente amenaza al gobierno de Asad, quien sucedió a su padre, Hafez al-Assad, hace 11 años.