SANTO DOMINGO, RD.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, acusó al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo, de incumplir su palabra, tras asegurar que ambos junto a la presidenta de la presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), Mabel Féliz, tenía un acuerdo verbal en torno a la modificación del proyecto ley de lavado de activos y la distribución de los recursos que provienen de ese delito.
Jiménez Peña reclama que se le asigne el 25 por ciento de los recursos provenientes de lavado de activos a la Procuraduría, porque opera con un déficit de 50 millones de pesos mensuales, por lo que entiende que debe asignársele ese monto para poder continuar realizando los proyectos del nuevo sistema carcelario que llevan a cabo.
El procurador acudió al Congreso Nacional a motivar su reclamo ante los legisladores acompañado del fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, la fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, Roberto Santana, del Nuevo Modelo Penitenciario, Lino Vásquez, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños.
Jiménez Peña dijo que desde que el asumió la Procuraduría en el 2004 tiene el mismo presupuesto y que este año tuvo una reducción de RD$250 millones. Detalló que la población carcelaria se duplicó en ese periodos, ya que pasó de 12 mil reclusos a más de 23 mil, por lo que presentan una situación financiera difícil.
De su lado, el vicepresidente de la Finjus planteó al Congreso la necesidad de que se le asignen a la Procuraduría de esos recursos, por considerar inaceptable que esa institución se quede fuera de esa distribución.
Dijo que el ministerio público es el órgano rector de la política criminal del país, por lo que propone que se establezca un reglamento para la distribución de esos recursos, “porque en la actualidad hay discrecionalidad y puede interpretarse al uso inadecuado”.
El proyecto que cursa en el Congreso contempla un 25% para la DNCD, la Procuraduría y el CND, un 15% para las ONG que trabajan con adictos a las drogas, y un 10% para el Ministerio de Deportes.
