SANTO DOMINGO, RD.-El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor informó que se está trabajando la preparación de un proyecto de ley para regular los precios de los libros de textos, en atención a una iniciativa de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados.
La directora de esa entidad, licenciada Altagracia Paulino dijo que los cambios y el costo de los libros de textos es una iniciativa del Congreso, donde involucra a Pro Consumidor y al Ministerio de Industria y Comercio para una resolución que los regule, sin embargo Pro Consumidor entiende que el precio de los libros de textos deben ser regulado mediante una ley y no una resolución.
“No debe ser una resolución, ya que no le hacen caso, debe haber una ley que obligue a que el cambio de textos sea cada cuatro años, no todos los años”. Agregó.
Informó que la entidad entregará próximamente un borrador del proyecto a la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara Baja, que dirige el diputado Alberto Athala.
Expresó que a parte del costo, existe una brecha en la educación que repercute en una sociedad desigual. “Los textos y los programas deben ser iguales, estar diseñados de la misma forma, para que haya igualdad en el conocimiento”, precisó durante una entrevista en el programa Matinal 5, que producen los periodistas Domingo del Pilar, Persio Maldonado y Geraldino González, por Tele micro, canal 5.
En otro orden definió como preocupante el llamado que hizo la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) al Ministerio de Educación de regular las tarifas de los colegios privados, recordando que Pro Consumidor intervino años atrás porque encontró exagerada las alzas que se proponían que eran hasta de un 30 por ciento, lo que afecta principalmente a la clase media.
“Cuando sugirieron elevar el 30 por ciento hace tres años, nosotros intervenimos y buscamos la ley de educación y realmente se descubrió que era ilegal porque la ley establece un 10 por ciento y de acuerdo a la resolución 86-00 del Ministerio de Educación, el incremento deberá estar justificado en cambios que beneficien a los estudiantes, como mejorar ambientación, equipamientos y otros insumos que beneficien a los estudiantes”.
Sostuvo que los colegios no pueden quedarse con los documentos de los alumnos ya que incurren en abuso de confianza como lo contempla el Código Penal.
Deploró que los padres de los alumnos de los colegios deban endeudarse para suplir el costo de la educación de sus hijos.
Finalmente reconoció que en el libre mercado prevalece la ley de oferta y demanda, pero entiende que la educación no debe ni puede estar sujeta a la voracidad del mercado por lo que el Estado debe intervenir y no renunciar ni transferir su función reguladora para evitar que siga ampliándose la brecha social que limita el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a una educación digna.
