Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús presenta Informe de Derechos Humanos donde expone que República Dominicana atraviesa por una delicada situación de crisis ambiental
La Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana, compuesta por el Centro Bonó, Solidaridad Fronteriza, el Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA) y el Servicio Jesuita con Migrantes, socializaron en un acto celebrado en Santiago un informe nacional sobre la situación de los derechos humanos en el año 2016 en el país.
El informe fue presentado en las instalaciones de con la participación de funcionarios públicos, personalidades, representantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y miembros de la prensa. Entre los temas abordados que conforman el informe estuvieron: los Derechos de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en la República Dominicana; los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, haciendo éstos énfasis en la situación de la salud en el país; la Situación de los Trabajadores Migrantes en la República Dominicana; la Situación de la Niñez, haciendo énfasis en la situación de las zonas más apartadas y fronterizas; y el Medio Ambiente como un Derecho Humano de tercera generación que ha sido desarrollado dentro de los derechos de solidaridad.
En su exposición, Pedro Cano, Encargado Nacional de Derechos Humanos e Incidencia de los Centros Sociales, resaltó que la sociedad en la que hoy vivimos el deterioro del Medio Ambiente es por desgracia una realidad contra la que tenemos que rebelarnos. La contaminación constante de nuestros ríos, los residuos sólidos, la deforestación, el cambio climático y los vertidos son buenos ejemplos de los problemas que han de resolverse si de verdad queremos asegurar un futuro digno para nosotros y para las siguientes generaciones.
Según el Informe de Derechos Humanos, el cuarto problema ambiental más destacado en República Dominicana lo constituye la extracción indiscriminada de materiales de los ríos y la minería a cielo abierto que no tiene en cuenta la sostenibilidad. A pesar de que la sociedad civil se ha solidarizado con algunas causas y ha conseguido impedir la aprobación de determinadas concesiones mineras en el país, como es el caso de Loma Miranda, siguen existiendo empresas que utilizan métodos de extracción no sostenibles que contaminan el agua de los ríos y ponen en riesgo la salud de las comunidades aledañas. Ejemplos como los de Nizao, Yuna, Bajabonico y otros actualmente amenazados por la explotación minera son realidades que ponen en grave riesgo los recursos hídricos del país y la salud de los habitantes que viven en las zonas cercanas a los cauces de estos ríos.
En términos generales, según el Informe de Derechos Humanos presentado hoy, la República Dominicana atraviesa por una delicada situación de crisis ambiental caracterizada por múltiples factores que ameritan de una necesidad de definir los límites de las actividades políticas y económicas para establecer unos criterios fijos, planificados y que dejen de provocar graves daños al medio ambiente
