MUJERSANTO DOMINGO, RD.– La Policía apresó anoche a una mujer acusada de ser la responsable de mandar a matar, por razones de celos, a la señora Suleika Guzmán Flores, el pasado 28 de abril, crimen perpetrado por dos sicarios, quienes previamente asesinaron por equivocación a la dama Natasha Teresa Sing Germán, en fecha 7 del mismo mes.

Se trata de la abogada Sanhys Dotel Ramírez, de 43 años, esposa del señor Julio Cepeda Ureña, de 64, quien también se encuentra bajo investigación en el presente caso.

El móvil del crimen, de acuerdo a las investigaciones, habría surgido luego que la señora Dotel Ramírez descubrió que su esposo Cepeda Ureña, mantenía una relación sentimental con Suleika, la cual trabajaba en la compañía de Inversiones “Yamel”, propiedad de la pareja.

Esta situación, siempre de acuerdo a los reportes de los investigadores, habría provocado que Suleika fuera despedida de ese trabajo en agosto del año pasado, por órdenes de la señora Dotel Ramírez.

En el proceso investigativo se pudo establecer que por motivos de celos la señora Dotel Ramírez contactó a Francis Alexander Fermín González, quien a su vez solicitó los servicios de sicariato a Jesús Manuel Mendoza Benítez (El Patrón), un deportado desde Martinica en febrero del año 2011, donde cumplió una condena por homicidio.

La Policía precisó que posteriormente “El Patrón” hizo contacto con Jhonny Sención Gómez (El Pay y/o El Camionero), persona que ubicó a los gatilleros de los dos asesinatos antes señalados, quienes cobraron 400 mil pesos.

Los gatilleros son Amauris Soriano (Nevado) y Luis Abel Mariano Pérez (Luisito), apresados por separado en San Francisco de Macorís, y el sector Mendoza, de Santo Domingo Este. Ambos admitieron haber perpetrados ambos crimines por encargo y que el caso de Sing Germán se trató de una equivocación.

La Policía precisó que profundiza las investigaciones en torno al caso, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso.

Todos los implicados en las muertes de Guzmán Flores y Sing Germán serán sometidos a la justicia, a través del Ministerio Público, para que se individualicen las acusaciones y se les conozca medida de coerción.