SANTO DOMINGO, RD.- El economista y asesor económico del Estado Andrés (Andy) Dauhajre habría recibido unos 3.5 millones de dólares y un apartamento en Nueva York valorado en dos millones, en su calidad de asesor del Estado, según denuncia el abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara.
“Aparece como beneficiario de unos 3.5 millones de dólares, y una operación terrible de un apartamento en la calle 52 esquina sexta, por un monto de dos millones de dólares”, informó Gómez Mazara, cuando se dirigió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En el Pepca, Gómez Mazara, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) vía la Magistrada Laura Guerrero, encargada del Pepca, que investigue el rol, operaciones, actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora Odebrecht a favor del economista Andrés Dauhajre, “porque bajo la condición de asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) jugó un papel sospechoso durante el proceso de licitación de la planta Punta Catalina”.
“Lo inexplicable resulta de que él era asesor además de Cdeee, con 500 mil dólares, y si el argumento es que no era funcionario público, la decisión respecto de Odebrecht en lo que respecta al doctor Conrado Pittaluga estableció que el hecho de que existan fondos públicos lo categorizaba en el expediente, en el caso del abogado Conrado Pittaluga, en lo que concierne al tema del soborno”, explicó Guido.
“Pero hay otros elementos, que tipifican la operación y la participación del señor Andrés Dauhajre, lavado de activos, evidentemente, violación a todo el ordenamiento impositivo en la República Dominicana, porque su compañía Baker Strett Financial, no aparece operando en el país”, añadió el solicitante.
A raíz de la filtración de documentos que argumentan estas acusaciones, Dauhajre reaccionó diciendo que los pagos realizados por la constructora brasileña Norberto Odebrecht a la empresa Baker Street Financial, de su propiedad, fueron por servicios profesionales prestados, pero aclaró que en el momento que los brindó no era funcionario público y que no lo ha sido durante los últimos 18 años.
