SANTO DOMINGO,RD.-El Consejo Nacional de Participación Ciudadana expresa su pleno respaldo al  recurso interpuesto por el Colegio Médico Dominicano (CMD) ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que declare sin fundamento legal la decisión del Consejo Nacional  de la Seguridad Social (CNSS) de devolver a los empresarios y el gobierno casi diez mil millones de pesos del Fondo de Riesgos Laborales.

El Movimiento Cívico dice que al igual que el CMD consideramos que esa infortunada carece de legitimidad legal y moral, ya que no tiene amparo en ningún artículo de la ley 87-01 que instituyó hace diez años el Sistema Dominicano de Seguros Sociales.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informa que Ley de Seguridad Social establece una contribución del 1.2 por ciento del salario cotizable a cargo de los empleadores para cubrir riesgos laborales, pero en  ninguna de sus partes prevé la posibilidad de que puedan ser devueltos.

Explica que además, entre las facultades del CNSS indicadas en el artículo 22 no aparece alguna que autorice a este órgano a devolver las  cotizaciones.

“Es cierto que se habían acumulado fondos en proporción que podía ser considerada excedente, lo que se atribuye a factores como subregistro de accidentes laborales, niveles miserables de las escasas pensiones otorgadas bajo condicionalidades excesivas, subestimación de salarios para reducir las cotizaciones y a la ignorancia de empleadores y trabajadores” expresa Cabreja.

El Consejo Nacional de PC indica que No puede hablarse de excedentes cuando según una evaluación de la Dirección de Defensa de los Afiliados al Sistema de Seguridad Social (DIDA)  el 54 por ciento de los apenas 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencia (155 viudas y 624 huérfanos) reciben menos de mil pesos mensuales, en algunos casos hasta de 93 pesos.

También sostiene que el monto promedio mensual de 202 pensiones por discapacidad es de aproximadamente 240 pesos.

PC recomienda que antes que devolver tres mil  millones de pesos al gobierno y acreditar 7 mil a los empleadores para que dejen de cotizar durante 5 años, lo justo hubiese sido llevar a límites decentes las pensiones otorgadas por discapacidad o sobrevivencia. O en última instancia destinar esos fondos a cubrir las jubilaciones de 18 mil afiliados al Instituto Dominicano de Seguros Sociales que llevan muchos años reclamando la pensión a que son acreedores y que no se les otorga supuestamente por falta de recursos.

Participación Ciudadana espera que el Tribunal Contencioso se pronuncie en la audiencia de este miércoles en contra la apropiación de los fondos de riesgos laborales decidida por los empleadores públicos y privados con la complicidad de la cúpula sindical deslumbrada por una ínfima contribución para programas de  capacitación laboral.

Y que esos recursos sean empleados en beneficio de los trabajadores que han sufrido accidentes laborales y de sus cónyuges y descendientes.

En última instancia que se destinen a  ampliar  las prestaciones del plan básico de salud, o bien a pensionar a los trabajadores del antiguo seguro social que reclaman en el desierto de la insensibilidad social.