SANTO DOMINGO,RD.-Alrededor de 40% de la población dominicana considera que “alcanzar un salario justo” constituye el rasgo más importante de la vida democrática, señala el estudio que sobre el tema realizara el Centro de Investigación y Estudios Sociales (CIES), del Intec, en el año 2004, lo que ratifica que el mercado de trabajo constituye un elemento clave de cohesión social en las sociedades modernas
Es en este último decenio (2000-2010), en el que el mercado de trabajo ha sido testigo de condiciones especiales: el Acuerdo de Textiles y Vestidos; el Acuerdo de Libre Comercio (CAFTA-DR); la crisis económica global y los cambios en la estructura productiva han sido significativos en las tomas de decisiones económicas y laborales, según indica el estudio “Empleos, Salarios y Seguridad Social en el Tránsito de la Crisis a la Recuperación”, realizado a solicitud del Ministerio de Trabajo.
En este estudio, que forma parte del análisis tripartito propiciado por el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (Omlad), con la Comisión Nacional de Empleo (Conaempleo), se destaca que si no se establecen políticas bien diseñadas, no existe posibilidad de que el funcionamiento del mercado laboral se verifique con resultados socialmente deseables, en términos de distribución del ingreso y bienestar social.
Asimismo señala el estudio que, en teoría, la apertura debería disminuir la brecha entre los salarios de mano de obra calificada y no calificada. La visión tradicional indica que la flexibilidad del mercado laboral determina en mayor o menor medida la respuesta a las políticas fiscales y monetarias, por lo que frente a una crisis de balanza de pagos, se requiere una devaluación que reduzca los salarios reales.
Si las instituciones laborales no permiten tal reducción, el proceso de ajuste tendría que lograrse mediante una caída del PIB. Sin embargo, una amplia variedad de investigaciones muestra que sólo existe una débil relación entre los niveles de beneficios laborales contemplados en la legislación y la tasa de desempleo.
Añade el estudio que la tasa de desocupación de 1996 al 2009 entre los jóvenes de 10 a 19 años revela un 31.8% de desocupados; mientras que de 20 a 39 años se reduce esta tasa a 17.8%. Las personas en edades de 40 a 59 años para este periodo participan con un 8.6%, lo que significa que, a pesar de pertenecer a la edad productiva, cuentan con menos posibilidades de obtener un trabajo remunerado que los más jóvenes.
En lo relativo a la evolución de la tasa de desocupación por género, las cifras demuestran que las mujeres, a pesar de ser quienes más se capacitan, tienen menos posibilidades de acceso que los hombres al mercado de trabajo, ya que su participación en la tasa de desocupación es de 23.2% en relación al 9.9% de los hombres.
En cuanto a las condiciones de trabajo, indicadores de calidad del empleo señalan mejoras en el 2009 con respecto al 2008, no obstante, el nivel de cumplimiento legal sigue siendo muy bajo entre los despedidos, ya que alrededor de la mitad no recibió prestaciones de cesantía.
Los datos revelan que una buena parte de los trabajadores desocupados tienen períodos de desempleo prolongado. Concretamente, más de 60% de los desocupados tiene más de seis meses en esa condición.
En lo que se refiere al peso de las prestaciones complementarias, el estudio desarrolla una estimación donde se muestra que las mismas representan alrededor de 47% de los salarios en las empresas formales del país. La mayor parte corresponde a erogaciones fijas, tales como seguridad social y vacaciones.
En cuanto al régimen de pensiones, al inicio se logró la rápida afiliación de alrededor de 986 mil trabajadores y, a lo largo del tiempo, el número de afiliados ha ido subiendo hasta situarse en alrededor de 2,193 mil a fines de 2009. No obstante, para esta misma fecha, de cada 100 personas en la PEA (Población Económicamente Activa), solo alrededor de 52 estaban afiliadas al sistema., y solo cerca de 26 estaban aportando recursos. Los cotizantes representaban cerca 31% de la población ocupada
La evolución de la tasa de cobertura en el seguro de salud en los años del 2005 al 2007 representa un avance sostenido pero lento en lo relativo a cobertura. Al momento de iniciarse el régimen contributivo, la tasa de cobertura se encontraba en alrededor de 27 por ciento, que equivalía a unos 3 puntos porcentuales por encima de la tasa de cobertura a principios de la década.
A pesar de esta lentitud en el proceso de asimilación al régimen contributivo, en 2009 la tasa de cobertura había alcanzado 35% de la población: concretamente, con una cobertura a alrededor 21% de la población, mientras el régimen subsidiado cubre al 14%.
