La institución informó, en un comunicado, que durante 16 meses realizó un proceso de evaluación técnico, jurídico y financiero para determinar que el proyecto, a desarrollar por la compañía Gold Quest Dominicana en San Juan de la Maguana, “cumple con los requisitos y formalidades exigidos por la ley.
De producirse las condiciones necesarias para que comience a explotarse la mina, el Estado percibiría un total de 224 millones de dólares durante los 7 años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo, y cuyo valor presente se calcula en 561 millones de dólares conforme con los precios actuales de los metales, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas.
La empresa solicitante, Gold Quest, de capital canadiense y suizo, acepta retribuir financieramente al Estado por encima de lo estipulado en la Ley, con lo cual establecería un hito financiero en las concesiones de explotación minera que ha otorgado el país en los últimos años.
Desde que se produjo este anuncio, productores agrícolas, así como organizaciones sociales y religiosas han expresado su rechazo al proyecto, y este martes se movilizaron para denunciar las supuestas consecuencias que este proyecto tendrá para esta provincia, ciudad natal del presidente del país, Danilo Medina.
La Fundación para el Progreso del Sur (Funprosur) afirmó hoy en un comunicado que el permiso de explotación otorgado por Energía y Minas a Gold Quest Dominicana “constituye un desafío para cada uno de los habitantes de San Juan y para el pueblo dominicano en sentido general porque se trata de una zona productora de agua y de gran importancia para la agropecuaria de toda la región del Valle”.
“Queremos que las fuerzas vivas de San Juan sepan que esta explotación no nos beneficiará en nada, podría hacer ricos a unos pocos pero condenaría a la mayoría con daños de por vida, la riqueza de la región del Valle no está en el oro, nuestra riqueza es la agropecuaria y nos la quieren hacer desaparecer”, afirmó el presidente de Funprosur, Alexander Valenzuela, en el comunicado.
Al rechazo se sumó hoy el vicario de la Diócesis de San Juan de la Maguana, Bernardo Peralta, quien afirmó que la iglesia católica se opone “radicalmente a la explotación de esa mina” por las consecuencias que tendrá, según afirmó, al medioambiente.
