SANTO DOMINGO,RD.- Varias organizaciones miembros de la Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, entre las que se encuentran la Asociación Nacional del Jóvenes Empresarios (Anje), Participación Ciudadana, Centro de Gobernabilidad y Gerencia Política, Fundación y la Fundación Democracia y Libre Empresa, desean comunicar al país nuestro total respaldo al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en su denuncia sobre la grave amenaza al orden constitucional y la institucionalidad del país por la forma en que el Presidente de la República y algunos senadores y diputados del partido oficialista y demás agrupaciones políticas presentes, pretenden hacer valer las observaciones presidenciales realizadas a las leyes orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura y del Tribunal Constitucional.
De igual modo, deseamos censurar la forma absolutamente incorrecta utilizada por representantes del gobierno que pretenden acallar desde una función oficial el derecho fundamental a la libre expresión ejercido por el CONEP.
Desde el gobierno, se ha pretendido distorsionar la preocupación expresada por el CONEP, que en ningún momento cuestiona la existencia de la facultad que posee el Presidente de la República a observar las leyes, pero si criticó, con absoluta razón, que esta facultad se ejerza irrespetando de manera clara las disposiciones constitucionales, interpretando según su conveniencia las condiciones para ser juez del Tribunal Constitucional que figura en la Constitución, y propugnando la aprobación de leyes orgánicas por mayoría de la mitad más uno de los presentes en cada cámara, cuando la Constitución dispone que este tipo de leyes deben ser “aprobadas o modificadas” por las dos terceras partes de los presentes en cada cámara.
Los resultados de la reunión convocada por el Presidente de la República, con un grupo de juristas deben moverlo a profunda reflexión, pues personalidades de la talla de Juan Manuel Pellerano Gómez, padre del Derecho Constitucional en la República Dominicana, fue categórico al expresar que la Constitución era absolutamente clara en la necesidad de la mayoría calificada para la aprobación o modificación de las leyes orgánicas, con observación presidencial o sin ella, lo que fue respaldado por la mayoría de los juristas independientes presentes en dicha reunión.
De consolidarse el inconstitucional precedente que se pretende, las mayorías calificadas que requiere la Constitución para la aprobación por parte del Congreso de las leyes de protección de las áreas protegidas, para el régimen de la moneda y de la banca y para las leyes orgánicas, serían inútiles ya que podrían ser eliminadas por la simple voluntad presidencial, violentando la finalidad por las cuales fueron establecidas, reduciendo a la nada el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que debe existir en el país.
