HIGUEY, RD.- El obispo de la Diócesis de la provincia La Altagracia, monseñor Nicanor Peña, dijo que está de acuerdo con el anteproyecto de modificación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente del narcotráfico, sometido por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados, para que la incluyan entre las instituciones beneficiarias de los bienes decomisados luego que se produzca el fallo en los tribunales.
“Yo creo que la Procuraduría General de la República y sus fiscales, como responsables de la investigación de esos casos, deben recibir el 25% de los bienes, al igual que la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas, tal y como fue propuesto, con el fin de que puedan sustentar los trabajos de la reforma penitenciaria que desarrollan a nivel nacional”, manifestó el obispo.
Recientemente, el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, depositó en la Cámara de Diputados el anteproyecto de modificación a la referida ley, donde establece que la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Consejo Nacional de Drogas (CND) reciban cada una un 25% de los referidos bienes. Asimismo, que se asigne un 15% a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en labores de prevención del consumo de drogas y un 10% al Ministerio de Deportes.
El procurador Jiménez ha declarado que pese a los esfuerzos de la institución que dirige para sustentar las investigaciones de esos casos, que implica además de la recopilación de pruebas, el traslado de sus fiscales a diversos lugares, no son tomados en cuenta en la distribución de esos bienes.
En sus pronunciamientos referentes al anteproyecto de ley de la Procuraduría, monseñor Nicanor Peña consideró que es la mejor manera de garantizar que las autoridades continúen devolviendo a la sociedad hombres y mujeres útiles a través de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, tras precisar que esa tarea conlleva una fuerte inversión en programas de reeducación, materiales para sus actividades en la producción agrícola e industrial, así como pago de personal especializado y mantenimiento de las plantas físicas.
Insistió en que esos fondos deben distribuirse equitativamente para que la Procuraduría pueda crear programas de reeducación para los internos penitenciarios, con el fin de que retornen a la sociedad de manera positiva.
En ese orden, valoró el trabajo que llevan a cabo las autoridades con la reforma penitenciaria y ponderó las labores de integración del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Higüey al Modelo de Gestión Penitenciaria, el cual, indicó, cumplirá con todos los requisitos para rehabilitar a sus internos.
El obispo de Higüey habló durante una visita que realizó a ese CCR, a donde acude con frecuencia para observar los trabajos, que ya están en la fase final.
Ley actual
El Comité Nacional contra el Lavado de Activos de acuerdo a la ley actual realiza la siguiente distribución: 50% a la DNCD, 35% al CND y 15% a las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a las drogas.
