BAVARO, Higuey.- Una consultora internacional de la UNESCO consideró que el avance de la tecnología, al tiempo que pone a disposición de los periodistas nuevas herramientas que facilitan su trabajo, también permite acciones sofisticadas de ataques y persecuciones en su contra.
Amalia Toledo Hernández, consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), formuló sus consideraciones al dictar una conferencia durante el taller que sobre “La Seguridad de los Periodistas de la República Dominicana” organizó el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) el 22,23 y 24 de enero en un hotel de esta localidad, auspiciado por el organismo internacional.
Entre las nuevas modalidades de ataques a los periodistas Toledo Hernández citó el robo de credenciales, de usuario y contraseñas, el robo o daño de equipos o correos electrónicos, intrusión a domicilios/oficinas o robo a personas para acceder a dispositivos digitales y/o información sensible en soportes digitales o a sitios web.
La puertorriqueña residente en Colombia, que además de consultora de la UNESCO también es coordinadora de la Fundación Karisma y asesora de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Colombia, también citó otras formas de ataques a los periodistas.
Entre ellas identificó la interceptación y vigilancia ilegal a las comunicaciones, como a los teléfonos, a través del envío de programas maliciosos a correos electrónicos de los periodistas usando ataques enmascarados (phishing emails), la falsificación de cuentas digitales para atacar la reputación de los/las periodistas y ocasionar daños en su nombre.
Asimismo, el uso de información personal en línea para coaccionar a una persona o sus contactos, el espionaje industrial para obtener ilícitamente datos o información confidencial que está trabajando un medio por parte de un tercero, con la intención de adelantarse a su competidor.
Además, citó el secuestro de información periodística por medios tecnológicos, la incautación ilegal de equipos, la destrucción o modificación de informaciones, la obstrucción al trabajo periodístico frente al acceso a la información, con censura directa como el veto a periodista/medio o indirecta como el amedrentamiento de tipo económico como la utilización de fondos estatales para publicidad con el fin de presionar, controlar y condicionar la información que emiten los/las periodistas/medios.
También, el impedimento para ingresar a una determinada zona, robo o daño de material periodístico incluidas fotos, el robo de teléfonos móviles, la destrucción de dispositivos y/o información en soporte digital (fotos, datos de entrevista, entre otras.
Amalia Hernández dijo que a estas nuevas formas de limitar la libertad de expresión se suman las ya tradicionales como los cada vez más asesinatos, amenaza o intimidación, agresiones físicas o psicológicas, atentados, tortura, secuestro, el arresto o detención ilegal, exilio, acoso judicial a través de demandas con el fin de intimidarlos, silenciarlos y obstruir su trabajo.
Citó, además, la extorsión, los atentados contra infraestructura de medios, la autocensura por miedo a las repercusiones negativas que sobre los/las periodistas pueda tener su trabajo, como el temor a perder fuentes informativas o publicidad, amistades o privilegios, a perder posibilidades de ascenso o incluso el propio puesto de trabajo.
Además, se refirió al aumento de los actos de violencia e intimidación en los contextos de toma de rehenes, hostigamiento, intimidación, agresiones sexuales, dirigidas a mujeres periodistas por el trabajo que ejercen o de manera colectiva dirigida contra periodistas que informan sobre acontecimientos públicos o el abuso sexual de periodistas detenidas o cautiva.
También expresó su preocupación por el aumento de agresores no estatales, como las organizaciones terroristas y empresas criminales.
Ante este drama la consultora internacional planteó la necesidad de aumentar la cooperación entre los Estados miembros de la ONU para promover y apoyar niveles estatales de acciones legales, judiciales y de conformidad con instrumentos internacionales para alentar la defensa de la libertad de expresión y la persecución de crímenes contra este derecho fundamental.
Además, impulsar y apoyar la colaboración entre las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones profesionales, además de la creación de guías de buenas prácticas periodísticas en temas sobre corrupción.
Asimismo, concienciar a los Estados, periodistas, propietarios de medios de comunicación y encargados de la formulación de políticas, instituciones de enseñanza del periodismo y al público en general sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad.
También, fomentar iniciativas de seguridad y mecanismos de protección para periodistas en peligro
