En un comunicado, el Ministerio Público informó de que la medida de coerción en contra del supuesto narcotraficante y otros cómplices por narcotráfico, lavado de activos, asesinato y asociación de malhechores, que inició en agosto de 2018 en La Romana, no se ha podido conocer “debido a las tácticas dilatorias utilizadas por los abogados de los imputados”.
Desde la solicitud de medidas de coerción en agosto del pasado año, han sido celebradas 14 audiencias durante las cuales los abogados de la defensa han presentado innumerables incidentes, entre ellos seis recusaciones a jueces y una al Ministerio Público, tres inhibiciones, solicitud de desglose, además de haber interpuesto acciones constitucional de Habeas Corpus, y recurso de apelación, entre otras tácticas dilatorias, “todo con el firme y malintencionado propósito de detener el proceso”, agregó la nota.
El Ministerio Público señaló que “si bien es cierto que se le debe respetar el debido proceso y salvaguardar el derecho de defensa que tiene todo imputado, tal y como lo establece la Constitución de la República, también es cierto que los actores del sistema de justicia no debemos permitir que los procesos judiciales se vean afectados por maniobras de la defensa de los encartados, más allá de lo razonable y prudente”.
A la vez, afirmó que dentro de sus “estrategias” para retardar el proceso, Cabrera “ha tratado de confundir al país” con una campaña de “descrédito” en contra de la fiscal Reina Yaniris Rodríguez y los demás miembros del Ministerio Público a cargo del proceso judicial.
Junto a Jesús Pascual Cabrera también son procesados Juan Ángel Peña Taveras (El Gordito y/o El Gordo), David Emmanuel Silvestre Sierra (Chuplú y/o Chuplún), Alexander Florián (Rafita), Alex Emmanuel Nina Rosario (Alexis), Johan Manuel Jiménez, Ismael José Sentil, Kendry José Ramírez (Cdi) y Argenis Antonio Cedeño Berroa.
Asimismo, Alba Josefina Cruz Berroa (Albita), Ediliz Josney Relledo Vázquez, Juan Tomás Richiez Ditré y Juan Carlos Bernardo (El Mecánico).
