MEXICO.- La captura de tres generales y un teniente coronel, a quienes la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) vincula con un cartel del narcotráfico, sumió a las fuerzas armadas de México en una de las crisis más profundas de su historia reciente, según reconocen analistas.
La portada del semanario Proceso ilustra el escándalo más reciente en el país: “El Ejército enlodado”, reza la publicación.
Uno de los detenidos, el general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, ocupó durante un par de años el segundo cargo de más importancia en el ejército mexicano, y algunos analistas lo mencionaban como posible candidato a ser secretario de la Defensa Nacional en el próximo gobierno.
El arresto de los militares es un duro golpe a la imagen del ejército, que ha sido el pilar fundamental en la lucha del gobierno contra los carteles de narcotráfico, le dice a BBC Mundo el analista José Reveles.
“Al presidente Felipe Calderón le tomó cinco años justificar y defender la presencia en las calles del ejército en tareas de seguridad pública, y en unas pocas horas se cae todo”, explica.
Además de Ángeles Dauahare, los generales detenidos son Roberto Dawe González, quien permanecía en activo, y Ricardo Escorcia Vargas, retirado. El otro oficial detenido es el teniente coronel retirado Isidro Hernández Soto.
La PGR les señala por, presuntamente, colaborar con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, a partir de las declaraciones de un testigo protegido. Los cuatro permanecen en custodia de la policía en una casa de seguridad, una figura legal que en México se llama arraigo, a la espera de que se inicie o no un juicio en su contra.
Positivo
Dauahare es el militar de mas alto rango acusado de vínculos con el narcotráfico
Desde 2006, cuando el gobierno intensificó la lucha contra el narcotráfico, muchos advirtieron del riesgo de que los delincuentes se infiltraran en las fuerzas armadas.
Y en aquel momento, algunos analistas señalaron ciertos peligros relacionados: diagnósticos de las autoridades revelaban que la mayoría de las corporaciones policíacas del país no tenían capacidad de combatir a la delincuencia organizada, y algunas incluso estaban vinculadas con bandas criminales.
“Lo escribí hace unos años”, le dice a BBC Mundo Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“En la medida que se extendiera en el tiempo la participación de las fuerzas armadas en esas tareas, los riesgos de tener problemas de violaciones de derechos humanos o de carácter judicial por colusión o corrupción eran posibles”, añade.
A pesar del escándalo, Oliva ve positivo que se investigue a los generales y el teniente coronel.
“Las fuerzas armadas ponen el ejemplo de que todo aquel funcionario público encargado de combatir el narcotráfico y no lo haga, debe comparecer ante la ley”, explica.
“La imagen del ejército se vulnera pero al mismo tiempo se corrige. Da una evidencia de que no se van a permitir incumplimientos”.
Política
La coyuntura podría complicar la polémica estrategia antidrogas de Calderón
Reveles y Oliva coinciden en que la investigación de los militares pone en evidencia que la estrategia de las autoridades mexicanas es parcial, pues se ha hecho énfasis en el combate armado sin aplicar otras medidas, como una reforma al sistema judicial del país.
Pero también existe un elemento adicional: el cariz político que el asunto podría tener.
Días antes de su captura, el general Ángeles Dauahare participó en un foro público con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, quien según varias encuestas tiene el mayor respaldo en las preferencias electorales.
Reveles dice que la investigación contra el militar retirado “es una zancadilla política, un ajuste de cuentas al más alto nivel”.
Las autoridades niegan esta posibilidad. En un comunicado, la PGR insistió en que el proceso contra los generales y el teniente coronel “carece de connotación política o de relación alguna con las campañas en curso o los candidatos en contienda”.
Más allá del juicio que podría señalar a los militares, los analistas coinciden en que la lucha contra los carteles de la droga se mantendrá sin cambios. De hecho, los generales y el teniente coronel no son los primeros que enfrentan ese problema.
Datos de la Secretaría de la Defensa señalan que, desde 2006, al menos 143 militares de distintos rangos han enfrentado juicios por cometer varios delitos.
