De vez en cuando conviene recurrir al apreciado poema “Ruinas”, con el que Salomé Ureña añoraba las efímeras glorias del Santo Domingo colonial, para refrescar la memoria colectiva dominicana, siempre frágil y acomodaticia al ritmo de los intereses coyunturales de un poder que vive de evoluciones e involuciones, a veces con expresiones de auténtico macondismo.
Una de las jornadas más memorables de la concertación social dominicana fue la del verano de 1997, cuando el sistema político y la Sociedad Civil organizada cumplieron el mandato constitucional de transformar la justicia, con la integración de una Suprema Corte independiente de los otros poderes del Estado.
Todo comenzó con la integración de una coalición por la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales, que movilizaría al resto de la sociedad tras el objetivo fundamental de escoger transparentemente jueces independientes para una nueva Suprema Corte que debería cambiar el curso de la justicia.
Realizaron campañas por los medios de comunicación, reuniones con diversos sectores sociales y políticos, y plantearon el derecho de la sociedad a proponer candidatura, lo que fue acogido por un recién creado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Leonel Fernández, único voto del Partido de la Liberación Dominicana en ese organismo de siete miembros. El Partido Reformista Social Cristiano tenía a los legisladores Amable Aristy Castro y César Féliz, y a Néstor Contín Aybar, quien presidía la Suprema Corte. El Partido Revolucionario Dominicano a Milagros Ortiz Bosch y Rafael Peguero Méndez, legisladores. El juez Amadeo Julián era independiente.
Cuarenta y ocho entidades sociales propusieron unas 60 candidaturas, y la coalición realizó dos programas de dos horas cada uno, que coordinamos en Teleantillas, a los cuales se invitó a los 28 que recibieron más de 10 nominaciones, para someterlos a evaluación sobre sus capacidades y criterios jurídicos, presentando sus currículos. El CNM aceptaría seguir el mismo modelo, eligiendo con previa evaluación y transparente voto por televisión.
De cara a la nación el presidente Fernández y la senadora Ortiz Bosch, en una virtual alianza, lograron maniobrar para reducir al mínimo los intereses grupales y elegir una SCJ sin militantes partidistas, aunque una cuarta parte tenía vínculos con los partidos. De los 16 electos, 12 fueron de los propuestos por la Sociedad Civil, incluyendo los 6 que lograron unanimidad, y a quien resultó presidente Jorge Subero Isa. Ninguno era dirigente de organizaciones sociales ni de los abogados empresariales. Amadeo Julián y Miriam Germán, entre los más promovidos, lamentablemente no fueron escogidos.
Para la elección el CNM agotó 14 sesiones de trabajo y 3 de exposiciones y votaciones televisivas que concluyeron a la 1.50 de la madrugada del 3 de agosto de 1997, con lo que debe haber sido la mejor y más independiente Suprema Corte de la historia de la República. De países latinoamericanos vinieron a contactar ese modelo de participación social y en Teleantillas hubo que darles copias de los programas.
Eso fue posible porque ninguno de los partidos controlaba todos los poderes del Estado, porque la sociedad se movilizó tras un objetivo válido y porque el sistema partidista entonces intentaba superar los traumas políticos y electorales que pusieron la nación al borde del abismo en 1994 y obligaron a una reforma constitucional para iniciar un proceso de fortalecimiento institucional.
No fue la única gran participación que tendría la Sociedad Civil ni el último pacto político social nacional. Al final de ese mismo año el gobierno del PLD convocó el “Diálogo Nacional”, del que saldrían cientos de acuerdos de reformas y seguirían muchos otros. Los retrocesos de los últimos años obligan a volver la mirada a aquellos tiempos gloriosos para rescatar la institucionalidad democrática, y particularmente la justicia, de sus ruinas. –
