El ministerio de Obras Públicas merece un reconocimiento por haber rescindido el contrato que su antecesor Víctor Díaz Rúa había otorgado a una empresa denominada Dominicana de Vías Concesionarias (DOVICON) para que se ganara más de 3 mil millones de dólares en 30 años, al través del cobro de los peajes de las principales carreteras del país.
Al informar sobre la decisión el ministro Gonzalo Castillo señaló que de esa forma el Estado se queda con unos 70 millones de dólares anuales que ahora se podrán gestionar e invertir con transparencia para beneficio de todos los dominicanos y dominicanas.
Pero el reconocimiento sería mayor si el funcionario hubiese presentado un informe pormenorizado que pudiera justificar el pago de 70 millones de dólares por las inversiones que supuestamente había hecho la empresa para cumplir la responsabilidad de ampliación, reparación y mantenimiento de las tres principales vías del país.
Lo peor de todo es que a la DOVICON se le pagará también una indemnización de 65 millones de dólares por la rescisión del contrato, por lo que la erogación total será de 135 millones de dólares, equivalentes a más de 5 mil 400 millones de pesos que tienen toda la configuración de una enorme estafa en perjuicio de este pueblo pobre que todavía vive en precariedad de agua potable, energía eléctrica, alcantarillados, escuelas, hospitales, viviendas y transporte.
Nos encontramos ante un escándalo de dimensiones similares al histórico caso de la Sun Land Corporation, a la que el presidente Leonel Fernández y su ministro Félix Bautista entregaron pagarés por 130 millones de dólares para venderlos en el mercado internacional y usufructuar dese dinero, bajo el entendido de que sería invertido en una serie de obras que no ejecutaron.
A diferencia de lo que ocurrió cuando trascendió el financiamiento clandestino, al margen del Congreso Nacional, esta vez casi nadie ha expresado consternación. Unos pocos periodistas y medios y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera han expresado indignación y reclamado transparencia total.
No es sólo que a este país le deben la justificación de las supuestas inversiones, sino una explicación, que debía ser casi denuncia judicial, de cómo fue posible que se otorgara un contrato tan grosero, con la consiguiente identificación de los accionistas y ejecutivos de la empr4esa, que según se tiene entendido son colombianos y dominicanos.
La normalidad con que hemos asumido ese pago de 135 millones de dólares, es un indicio contundente de que aquí perdimos la capacidad de asombro. Ni siquiera hay oposición política en capacidad de clamar sanciones. Tampoco un Congreso Nacional vigilante que cumpla su responsabilidad de fiscalización y representación, en vez de estar engrosando barrilitos y cofrecitos para repartir migajas y traficar con la miseria.
Si se le suman unos 50 millones de dólares que en los meses finales del año pasado hubo que pagar como indemnización a otra concesionaria de carreteras (CODACSA) a la que también se le rescindió un contrato, el monto de pérdidas asciende a 185 millones de dólares, más de 7 mil 400 millones de pesos.
En ambos casos se trató de contratos amarrados con los funcionarios de turno, tráfico de influencia, negocios oscuros de enormes dimensiones, que quedan en la impunidad. Por eso es que esta nación es campeona mundial en corrupción y malversación. Por eso la descomposición se traduce en tanta violencia.
Como consuelo, y en abono del Ministro Castillo, hemos sabido de fuentes de total crédito que también ha renegociado el contrato de la carretera Ocoa-Piedra Blanca reduciendo su costo en unos 150 millones de dólares, y la circunvalación La Romana, Bulevar del Este-Miches con economía de otros 90 millones de dólares. De los brillantes contratos del pasado gobierno. Un ahorro de casi 10 mil millones de pesos.-
