Santo Domingo, 22 may (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció hoy que llevará hasta el Tribunal Constitucional la reciente elección por parte del Senado de la defensora del pueblo, Zoila Martínez, que calificó como un “bochorno” para República Dominicana, donde se estrena este cargo. La entidad pidió a través de un acto al presidente del Senado, Reinaldo Parez Pérez, que se “abstenga” de juramentar a la exfiscal del país en el cargo por considerar que su elección es el resultado de “un acuerdo de aposento que se constituye en estocada mortal a la democracia y a la credibilidad de sus instituciones”.
Varios sectores, entre ellos diputados oficialistas y opositores han cuestionado la elección de la abogada y militante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aliado al oficialismo, debido, según denuncian, a sus compromisos políticos.
Sin embargo, la exembajadora del país en Corea del Sur ha salido al frente a las críticas y argumenta que “toda” su vida se ha dedicado a combatir las injusticias y defender los derechos humanos.
En el documento enviado al presidente del Senado la CNDH aseguró que la selección de Martínez fue producto de un “burdo pacto” entre el expresidente del país Leonel Fernández, quien preside el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y la cúpula del PRSC, dirigido por el canciller Carlos Morales Troncoso.
Según la Comisión, la candidatura de la ahora defensora del pueblo no fue evaluada entre los 79 postulantes al cargo, que se estrena en el país a pesar de que fue establecido por ley hace 12 años.
Por ello, el vicepresidente de la CNDH, José Guzmán, quien figuraba como primer suplente en la terna enviada por los diputados a los senadores para elegir a los miembros de la Defensoría del Pueblo, dijo hoy a Efe que llevarán el caso al Tribunal Constitucional porque con la elección de Martínez y sus suplentes “se violaron derechos fundamentales” de los otros postulantes.
Martínez “no participó en el proceso de selección y su nombre fue traído por los cabellos” en perjuicio de los otros aspirantes, dijo.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) habían insistido desde hace tiempo en la necesidad de nombrar al defensor del Pueblo en República Dominicana, pero tomando en cuenta su independencia.
Aunque ha desempeñado otros cargos públicos, Zoila Martínez alcanzó notoriedad en el país durante su rol como fiscal del Distrito Nacional donde enfrentó casos tan sonoros como el horrendo asesinato del niño Rafael Llenas Aybar, ocurrido en 1996, planificado y ejecutado por un primo hermano y su cómplice.
Las investigaciones en torno a ese hecho alcanzaron ribetes internacionales, pues se comprobó que el asesino del niño de 12 años tenía fuertes vínculos con la familia del embajador argentino en Santo Domingo, cuyos miembros abandonaron el país poco tiempo después.
La figura del defensor del pueblo es una autoridad con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, facultada para iniciar de oficio o a petición, cualquier investigación en torno a violaciones de los derechos ciudadanos.
La abogada dominicana desempeñará el puesto por los próximos seis años, junto a un equipo incluye a Carlos Hernández Cabrera y Ruddy Nelson Frías, como primer y segundo suplente, respectivamente.
Los senadores escogieron también a los adjuntos María Inmaculada Ramos Abreu, y María Altagracia Batista, quienes junto a los titulares y suplentes fueron recomendados por una comisión especial que recibió varias ternas provenientes de la Cámara de Diputados, tal y como lo ordena la ley.
